Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO…
En el México de hoy, la verdad sobre la inseguridad no se mide únicamente con números oficiales, sino con las experiencias diarias de quienes transitan las rutas del país, muchas veces armados únicamente con la esperanza de llegar con vida a su destino. El reciente desencuentro entre las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y los datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) sobre los robos a transportistas es una muestra clara de cómo la narrativa oficial puede distorsionar una realidad que, para los operadores y empresarios del autotransporte, se ha vuelto insostenible.
Mientras que el SNSP presume una disminución del 20% en los robos a transportistas durante el primer trimestre de 2025 —al pasar de 2,030 a 1,626 carpetas de investigación en comparación con el mismo periodo del año anterior—, la AMESIS reporta lo contrario: un aumento del 25% en tan solo los dos primeros meses del año, con cerca de 2,000 robos, lo que equivale a uno cada 33 minutos.
Esta discrepancia no es menor, y sus implicaciones van mucho más allá de una diferencia metodológica. Lo que está en juego es la credibilidad del Estado frente a un sector que moviliza la economía nacional y que, cada vez con más frecuencia, se convierte en blanco de bandas criminales que actúan con violencia, rapidez y, en muchos casos, con información privilegiada.
Rodrigo Larracilla, secretario de AMESIS, ha sido enfático: no sólo se están registrando más asaltos, sino que estos son cada vez más violentos. El uso de armas de fuego, la agresión directa contra los operadores y la impunidad reinante han convertido los traslados de mercancía en actos de alto riesgo. Y si bien las cifras del gobierno pueden reflejar una baja en las denuncias, eso no equivale a una baja en los delitos. La subnotificación, motivada por el miedo, la burocracia y la falta de respuesta efectiva, distorsiona el panorama real.
Una cuarta parte de los robos se concentra en la autopista México-Querétaro, pero no es la única zona roja. Tramos como México-Puebla, Orizaba-Puebla, Naucalpan-Toluca, Lagos de Moreno-San Luis Potosí y San Luis Potosí-Querétaro también figuran entre los más peligrosos, según datos del sector privado. A estas se suman otras rutas que, de acuerdo con fuentes como la Guardia Nacional y el Instituto Mexicano del Transporte, presentan alta incidencia delictiva: Puebla-Córdoba, Matehuala-Monterrey, Morelia-Lázaro Cárdenas, México-Cuernavaca y Coatzacoalcos-Villahermosa.
Ante este escenario, las demandas del sector no son nuevas, pero sí urgentes. Las empresas transportistas piden una mayor presencia de la Guardia Nacional en las carreteras, procesos de denuncia más ágiles y una estrategia de inteligencia que permita detectar y desarticular a las células criminales que operan con eficiencia preocupante. También han comenzado a implementar tecnologías de rastreo satelital, blindaje parcial y ocultamiento de la información de las cargas, como medidas de protección mínima.
El problema, sin embargo, no radica únicamente en la ausencia de vigilancia o tecnología, sino en una falla estructural del sistema de seguridad pública que minimiza la incidencia delictiva a partir de una narrativa centrada en las cifras, no en los testimonios ni en el impacto real que estos delitos tienen sobre la economía y la vida de miles de personas.
No es casual que muchas víctimas elijan no denunciar. Más allá del temor a represalias —justificado por los casos en que los delincuentes se apoderan de identificaciones y datos personales—, existe una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad. Llamar al 911, esperar la llegada de una patrulla, levantar una denuncia, iniciar una carpeta de investigación… son procesos que, en el mejor de los casos, se consumen en horas; en el peor, en la indiferencia burocrática.
La crisis del transporte de carga debe entenderse como un problema nacional de seguridad, no solo como una estadística más en el boletín mensual del gobierno. La confianza en las cifras oficiales no puede recuperarse mientras los operadores sigan siendo víctimas de violencia armada en plena carretera. La seguridad no debe medirse por el número de carpetas, sino por la capacidad real del Estado para garantizar el libre tránsito de personas y mercancías sin temor a la muerte o al despojo.
En el fondo, lo que está en disputa no es solo la interpretación de los datos, sino la responsabilidad institucional frente a una crisis que amenaza con volverse estructural. Porque mientras se minimiza el problema desde las oficinas gubernamentales, los caminos del país se llenan de historias que no llegan a los registros oficiales, pero que dejan una huella imborrable en quienes las viven.
Y esa es la ruta más peligrosa de todas: la de la impunidad disfrazada de estadísticas.
APUNTES CLAVE:
RECESIÓN: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó a Morena y al gobierno federal de agravar la recesión económica en México. Señaló que sus decisiones han causado desempleo, pérdida de inversiones y más violencia. Afirmó que la falta de transparencia y certeza jurídica han ahuyentado inversiones y cerrado empresas. Llamó a corregir el rumbo económico y recuperar la confianza en las instituciones. //MIGRACIÓN: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los cruces ilegales hacia Estados Unidos se redujeron en un 97%, según datos del Departamento de Seguridad Interna de ese país. En una reunión virtual, México y EE. UU. revisaron avances en seguridad fronteriza, como la caída del 70% en el aseguramiento de fentanilo y un aumento del 59% en la incautación de municiones. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió información oficial sobre una posible base militar estadounidense en la frontera norte. //TELECOM: El próximo 22 de abril se llevará a cabo el Primer Foro sobre la Reforma de Telecomunicaciones en México, organizado por la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. El objetivo es generar un espacio de diálogo con especialistas, autoridades, organizaciones civiles y universidades, para fortalecer la radio y la televisión en el contexto de la convergencia digital. Se busca construir un marco regulatorio que garantice derechos, mejore la gobernanza y promueva contenidos de calidad.
