Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, recibió esta tarde a líderes de confederaciones de sindicatos nacionales y organismos empresariales para analizar las reformas a la Ley del Infonavit, que se discutirán este miércoles en comisiones y se aprobarán este jueves en el pleno.
En lo que se observa como un último intento exitoso por “meterle mano” a esta legislación propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la reunión acudieron entre otros, Francisco Hernández Juárez e Isaías González, secretarios generales del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana (SNTRM) y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
La reunión, que fue privado, se registró a las 11:00 horas, en la Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
El líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, comentó que la reunión fue para discutir las consideraciones de los sectores sobre la reforma a la Ley del Infonavit.
Por su parte, Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, informó que este jueves el pleno del Senado discutirá y en su caso se aprobará esta reforma.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que el dictamen se aprobaría con algunos cambios.
“Sería con algunos cambios, aunque no he recibido como tal ninguna comunicación de alguna cámara o sector patronal o de trabajadores, que se queje de que esta ley habrá de perjudicarlos”, dijo.
La reforma, en esencia, plantea transformar al Infonavit no solo en el administrador de fondos para vivienda, sino en un actor clave en la construcción y mantenimiento de hogares.
Entre las principales medidas se encuentran: la reestructuración de los comités de Vigilancia, Auditoría y Transparencia, de modo que se asegure un control más riguroso del manejo de los recursos.
Asimismo, se contempla la creación de una empresa filial que permita al instituto operar como constructora de vivienda, facilitando así la adquisición de terrenos, la edificación y el mantenimiento de inmuebles destinados a familias de bajos ingresos.

El proyecto, que forma parte de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir un millón de viviendas durante este sexenio, responde a la necesidad de ampliar el acceso a una vivienda digna y de modernizar la estructura de un organismo que maneja fondos que superan los 2.4 billones de pesos.
