José Manuel Rueda Smithers…
México obligado a definir su modelo de gobierno:
radicalización y sin diálogo, o gobernar para todo el país.
New York Times
Si un gobierno convierte las reformas constitucionales en inapelables, elimina la posibilidad de revisión, objeción o corrección de la ciudadanía o de otras instituciones democráticas. Este tipo de cambios puede llevar a un desequilibrio de poder y, en casos extremos, a una forma de gobierno autoritaria o dictatorial.
Pareciera que eso está pasando en México con la complicidad de las cámaras de Diputados y de Senadores que votan sin cuestionar las consecuencias para toda la nación.
Como en otros países democráticos, la Constitución y las leyes están diseñadas para ser herramientas vivas: son susceptibles de reformas y adecuaciones para atender las necesidades y contextos cambiantes de la sociedad. Por su carácter duradero y su capacidad de redefinir el marco de derechos y deberes ciudadanos, las reformas constitucionales, están sujetas a revisión y crítica para evitar abusos de poder y proteger los principios democráticos.
Inhabilitar la apelación de Reformas Constitucionales puede generar consecuencias como la eliminación del contrapeso democrático –fundamental- que permite a otros poderes o a la ciudadanía cuestionar y revisar las decisiones tomadas en lo constitucional. Lo contrario, deriva en reformas unilaterales para beneficio de un grupo en el poder.
Cuando un gobierno realiza modificaciones constitucionales sin temor a revisión, acentúa la concentración del poder y abre la puerta a decisiones poco transparentes o que no necesariamente responden al interés colectivo. ¿Recuerda los pasos iniciales de varias dictaduras históricas?
En contextos donde las reformas son inapelables, los derechos ciudadanos como la libertad de expresión, participación y organización, se restringen sin una instancia a quien recurrir.
Las constituciones están diseñadas para evolucionar conforme cambia la sociedad. Cuando las reformas son inapelables, se limita la capacidad de adaptación de la Constitución, genera un sistema rígido que excluye -incluso- a las futuras generaciones.
Si las cámaras legislativas aprueban reformas sin el cuestionamiento ni la consulta ciudadana, se rompe el principio de representación. El Congreso cede su papel y se convierte en un ente que legitima a un solo grupo.
¿Es esto un paso hacia la dictadura?
La dictadura no necesariamente se establece de inmediato, sino que comienza con el debilitamiento gradual de los mecanismos democráticos. Esto puede incluir la reducción del poder judicial, la eliminación de contrapesos, la restricción a la prensa, y la inhabilitación de apelaciones a reformas constitucionales. Si el gobierno busca concretar reformas sin posibilidad de revisión o apelación, es una señal de alarma hacia un sistema menos democrático y potencialmente autoritario.
Para contrarrestar esto es clave que los ciudadanos, la academia, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y cualquier partido de oposición realicen acciones como:
Informar y Concienciar a la ciudadanía los riesgos que conllevan las reformas inapelables y sus posibles impactos a largo plazo.
Recordar a los legisladores su obligación de representar a sus electores y no a los intereses del poder ejecutivo.
Exigir que las reformas sean debatidas de forma pública, con la intervención de expertos y la participación de distintos sectores de la sociedad.
Se pueden interponer acciones de inconstitucionalidad o amparos colectivos en el caso de que las reformas afecten directamente los derechos y libertades. En el México actual, eso se perdió.
Hacer inapelables las reformas constitucionales reduce los principios de pluralidad y revisión democrática, convirtiéndose en un peligroso precedente. En cualquier democracia, es esencial que el poder legislativo y la ciudadanía sean conscientes de la importancia de mantener un sistema que permita el cuestionamiento, la revisión y la apelación de decisiones políticas.
Ya ni la mañanera del pueblo sirve para eso. ¿O sí?
