- El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, inauguró el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional “El Constitucionalismo para la democracia del siglo XXI. Homenaje a la Constitución Federal de 1824”
- Participaron Norma Piña Hernández, Ana Lilia Rivera Rivera, Mónica González Contró y Diego Valadés Ríos, entre otros
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que la defensa de los derechos fundamentales, el respeto a la división de poderes y el robustecimiento de marcos constitucionales son imperativos para respaldar los procesos de paz y desarrollo.
Al inaugurar el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional “El Constitucionalismo para la democracia del siglo XXI. Homenaje a la Constitución Federal de 1824”, acompañado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, el rector señaló que una de las barreras más grandes que enfrentamos en muchas regiones del mundo es dar continuidad a democracias inclusivas y resilientes, además de fenómenos políticos que debilitan las instituciones democráticas.
Ante este panorama, las universidades y los centros de investigación jurídica son determinantes, pues allí convergen las ideas y el pensamiento crítico para construir soluciones a los problemas más complejos de nuestra era, recalcó en presencia de la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional, Mónica González Contró.
“Hoy más que nunca, el Derecho Constitucional enfrenta el reto de adaptarse a nuevas realidades sociales, políticas y culturales, ya que la globalización, las crisis económicas recurrentes, la emergencia climática, la brecha de género y el vertiginoso avance tecnológico han puesto a prueba prácticamente todos nuestros preceptos. En este contexto, nuestras normatividades deben modernizarse, sin renunciar a los principios centrales del Estado de derecho”, aseveró en el acto organizado por IIJ y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
En el auditorio “Héctor Fix Zamudio”, del IIJ, Norma Piña aseguró: no por tener una Constitución, un Estado es Constitucional. Los elementos básicos de éste son: la conservación y el respeto a la democracia, al Estado de derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales.
Celebró la realización del Congreso que reúne a académicos y especialistas, pues consideró que efectuarán un análisis objetivo y propositivo de temas fundamentales para la democracia del siglo XXI, como los derechos humanos, la justicia constitucional, el federalismo y la descentralización, los regímenes de gobierno y la gobernabilidad democrática, entre otros.
Piña Hernández sostuvo que el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón, y la democracia constitucional atraviesa momentos delicados en el mundo y, en especial, en nuestro país. Por ello, en las últimas semanas han habido diversos pronunciamientos en torno a las implicaciones de la reforma judicial en México, los cuales subrayan la necesidad de un análisis profundo sobre sus impactos.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, también celebró la realización del Congreso efectuado de manera híbrida -que reunirá a más de 300 especialistas- pues coincide con una etapa crucial para la democracia y el Estado de derecho en la nación, en la que se han realizado reformas constitucionales trascendentes y que han generado un intenso debate y múltiples posturas.
El Senado de la República, añadió, ha sido partícipe de este proceso, pero los juristas y académicos tienen la responsabilidad de analizar el derecho positivo de manera constructiva, identificar áreas de mejora y proponer soluciones que permitan que leyes e instituciones evolucionen. La reflexión seria y objetiva es fundamental.
Previamente, Mónica González Contró dio la bienvenida al encuentro y precisó la importancia de reflexionar sobre la democracia en la región que, dijo, es imperfecta, pues no ha logrado incorporar como ciudadanos a todas las personas que son parte del pueblo.
Lamentó que diversas encuestas reflejen un desapego de las personas a la democracia y cada vez más un respaldo a medidas autoritarias, derivado de que no se ha podido garantizar la seguridad a todos, no se han reducido significativamente las brechas de desigualdad ni se ha generado un Estado de bienestar.
Es indispensable seguir pensando en la necesidad de reformar nuestro sistema para lograr una ciudadanía incluyente, que entienda los derechos políticos más allá de las elecciones, apuntó.
Asimismo, el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional e investigador emérito de la UNAM, Diego Valadés Ríos, explicó que, en muchas naciones las instituciones muestran señales de estrés ante el acoso al que son sometidas, en un contexto de posverdad, posdemocracia, y posconstitucionalismo.
La posdemocracia, detalló, es el uso de instituciones democráticas para concentrar el poder y no para servir a la libertad, promover la igualdad ni garantizar el pluralismo; mientras que el posconstitucionalismo es un sistema de apariencias formales que enmascara realidades opuestas al Estado constitucional.
“Sigue la ruta trazada por la posdemocracia y la posverdad, acude a instrumentos democráticos para legitimar un poder concentrado y discrecional, y los órganos del poder simulan estar separados, pero se subsumen a una voluntad personal, elegida como voz de la voluntad colectiva”, dijo.
Por ello, remarcó que el Estado constitucional es un sistema de equilibrios, que supone reglas
para compensar y armonizar fuerzas, y la pérdida de estas puede generar tensión que lleve a la ingobernabilidad. Con esta preocupación se construyó la agenda del Congreso.
En la inauguración participaron también: el coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva; la directora de la Facultad de Derecho, Sonia Venegas Álvarez; la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut; el integrante del Comité Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Domingo García Belaunde; así como el vicepresidente del mismo Instituto, José María Serna de la Garza.
