Con la reforma ahora en marcha se van a la calle cerca de mil 700 jueces y magistrados, porque serán reemplazados por otros que habrán de someterse a las urnas en 2025 y 2027.
En la última semana se consumó la defenestración de los jueces y el encumbramiento de los militares.
Paradojas de un fin de sexenio cuyo titular ostenta su poderío prohibiendo que en la impartición de justicia se interprete el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.
Horas que marcan los claroscuros de una transición que deja a la primera Presidenta mujer una Constitución que otorga al Ejército el fuero militar de sus discrecionales tribunales.
Son dos cambios que modifican el balance y la estructura del Estado mexicano, gracias a la mayoría legislativa que Morena, PT y PVEM alcanzaron bajo el liderazgo del presidente López Obrador.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advierten que se trata de una destrucción que encamina al país al autoritarismo. Pero sus votos –apenas en el límite para frenar ese mal augurio– se redujeron a la insignificancia cuando el oficialismo logró cooptar a algunos de sus representantes y reducirlos a 42 en el Senado.
Nos referimos a las reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación (PJF) y a la Guardia Nacional (GN); la primera, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación y la segunda, aprobada ayer en la Cámara de Diputados, por lo que su proceso legislativo en el Senado y en los congresos estatales continuará en los próximos días.
Con la reforma ahora en marcha se van a la calle cerca de mil 700 jueces y magistrados, porque serán reemplazados por otros que habrán de someterse a las urnas en 2025 y 2027.
Y con la otra reforma en proceso cobran carácter de héroes los 128 mil integrantes de la GN y sus altos mandos de la Sedena, tan empoderados que se dieron el lujo de desplazar a los almirantes de la Secretaría de Marina, la Armada de México.
Si bien los juzgadores despedidos tienen la opción de competir por el escrutinio del voto popular, sus carreras judiciales –con 25 años de antigüedad en promedio– serán tiradas a la basura.
Lo mismo sucederá con las trayectorias de otros 54 mil trabajadores de distritos y circuitos que se desempeñan como secretarios, actuarios y oficiales, entre otros cargos especializados del PJF.
Es de tal tamaño la demolición emprendida por el presidente López Obrador que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –también echados a la calle con este cambio constitucional– han resuelto ir resolviendo día con día las incógnitas e incertidumbres que la reforma les impone.
Una de las zonas que la reforma deja en el limbo son las dos salas anexas de la SCJN, toda vez que los legisladores olvidaron especificar qué sucedería con los casos que resuelven y que representan 76 por ciento de lo que atiende el máximo tribunal.
Y tanto las tres ministras afines a la decisión del gobierno –Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz– como los ocho que ven en la reforma una destrucción –la presidenta Norma Piña, Margarita Ríos, Alberto Pérez, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis Aguilar, Jorge Pardo, Javier Laynez y Alfredo Gutiérrez– tendrán hasta septiembre de 2025 una tortuosa transición.
Entre los dilemas que afrontarán en la SCJN están los alcances de las resoluciones que puedan emitir las desaparecidas salas. ¿Serían contrarias a la Constitución? Este miércoles se determinó mantenerlas.
Y para el próximo 15 de diciembre, esa Corte deberá cumplir con la desaparición de los fideicomisos tan estigmatizados por el Presidente de la República y que, sin embargo, eran derechos adquiridos de los juzgadores.
Además, los agraviados no se resignan. Apenas ayer, por cuatro votos a favor y tres en contra, el Consejo de la Judicatura Federal decidió prolongar hasta el 2 de octubre el paro de labores que, en juzgados y tribunales, se inició el 19 de agosto en protesta por la reforma al PJF. Piden garantías de sus pensiones complementarias y la no reducción de salarios.
El ánimo entre jueces y magistrados está por los suelos. Se sienten tristes, decepcionados, mas cuentan con el ímpetu de seguir dando la batalla.
Se calcula que un centenar ha comenzado a preparar sus renuncias, anticipando el retiro.
Y mientras con sus colegas analiza, cómo aplicar la reforma que dejó huecos, la presidenta Norma Piña ha confesado a sus colaboradores: “No me siento derrotada”.
En el balance de la defensa al PJF, los ocho ministros en contra de la reforma ganaron la discusión y la dignidad de afrontar el discurso oficialista sin mancharse las manos como finalmente ocurrió con los legisladores de la mayoría.
Frente al juego sucio que dobló a senadores que se decían de oposición, la ministra presidenta ha concluido que nada podía hacer para salvar a los juzgadores de la guillotina.
Norma Piña ha decidido quedarse al frente del PJF hasta el día de su relevo, dentro de un año, en un país donde la mayoría de sus representantes populares optó por darle a la Presidencia de la República y a los generales la vía libre en la conducción de una GN que nunca más tendrá que rendirle cuentas a la Corte.
Porque los juzgadores que durante 13 años creyeron tener los instrumentos para frenar el abuso de poder, hoy son vistos como enemigos por una clase gobernante y política que encontró en las filas castrenses a sus mejores aliados.
