En el marco de la discusión en lo general del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC emitieron comentarios a favor y en contra, en las primeras dos rondas de participaciones.
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Primera ronda
La diputada Clara Luz Flores Carrales (Morena) expresó que el dictamen es de vital importancia para México, ya que se habla de “darnos la oportunidad de vivir en paz y sin miedo, de salir a las calles con la tranquilidad de que existe un Estado preocupado y ocupado por garantizar la seguridad del país. “Hoy agradezco y reconozco al Ejército y a la Marina. Hoy le estamos dando a la Guardia certeza laboral, seguridad social y la dotamos de sus atribuciones”, subrayó.
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Por el PAN, la diputada Eva María Vásquez Hernández dijo que la enmienda busca incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que representa un retroceso institucional. “La propuesta es una amenaza para nuestro país, porque significa la militarización de la seguridad pública y pretende consolidar un mando meramente militar; significa una regresión en la construcción de un cuerpo civil que responda a las necesidades de la ciudadanía”.
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El diputado Pedro Vázquez González (PT) negó que signifique militarizar la seguridad pública; por el contrario, afirmó, busca asegurar una formación especializada y un control riguroso que garantice el respeto a los derechos humanos y la actuación efectiva y coordinada con las entidades federativas y municipales, es decir, establece un marco normativo claro, disciplina operativa y profesionalismo en la Guardia Nacional, lo cual responde a la demanda social de paz y justicia.
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Miguel Alejando Alonso Reyes, diputado del PRI, indicó que el dictamen desvirtúa el propósito original de las Fuerzas Armadas, por lo que es un error militarizar a la Guardia Nacional. Hizo votos por que la nueva administración federal deje atrás la fallida estrategia de “abrazos y no balazos”, ya que no se ha logrado avanzar en nada; por el contrario, se agudizó la inseguridad en el país y ahora se deja atrás la creación de una policía nacional capacitada, para convertirla en una extensión de la Sedena y la Marina.
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La diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena) comentó que la Guardia Nacional es la respuesta a las necesidades de la seguridad pública y nacional, por lo que esta reforma la fortalecerá, a fin de que se convierta en un pilar más firme para la reconstrucción de la paz y coadyuvará en las investigaciones de los delitos bajo la dirección del Ministerio Público, asegurando que la justicia sea efectiva y rápida.
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En contra, la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN) advirtió que el cambio carece de consensos de especialistas que garanticen qué es lo que se requiere para salir del problema de inseguridad, que podría ser un paso delicado y tal vez irreversible, pues a lo largo de la historia se ha visto que la militarización de la seguridad pública abre la puerta a la violación de los derechos humanos. “Quitar el control a las autoridades civiles debilitará la rendición de cuentas”.
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Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno, diputada de Morena, señaló que la Guardia Nacional debe ser parte de la Sedena, porque se ha instaurado como institución de confianza para la sociedad y al incorporarse se regirá por normas y principios de seguridad pública, con la obligación de respetar los derechos humanos. “No hay y no habrá militarización del país porque el nuevo régimen ha sustituido la guerra por políticas de construcción de paz y ha garantizado resolver las causas de la delincuencia”.
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La diputada Abigail Arredondo Ramos (PRI) expuso que la intervención de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, temporal y proporcional para casos específicos y urgentes, dado que el Ejército, la Marina y Fuerza Aérea son instituciones sólidas y respetadas. “Las y los militares son personas honorables, valientes, que defienden a la nación; por ello, no es justo que su labor se vea empañada por asumir responsabilidades que de origen no les corresponden”.
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Del PVEM, la diputada Ana Erika Santana González respaldó el dictamen tras exponer que es de la mayor relevancia para las y los mexicanos, al concretar los cambios al texto constitucional que inciden de manera directa al fortalecimiento de Guardia Nacional y, en consecuencia, a la seguridad pública, que es un tema muy sensible en el país; de ahí que se deben fortalecer la estructura y las facultades de la Guardia Nacional para garantizar su vigencia y permanencia operativa.
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La diputada Patricia Mercado Castro (MC) se manifestó en contra de la reforma porque no resuelve el problema de la violencia y la inseguridad en el país; elimina los controles democráticos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Planteó una estrategia distinta y alternativa, “una propuesta que parta desde lo local, con énfasis en fortalecer las capacidades locales, estatales y federales con la presencia de la Guardia Nacional civil y en situaciones extraordinarias las Fuerzas Armadas”.
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Ana Elizabeth Ayala Leyva, diputada de Morena, argumentó que la reforma obedece a una disciplina, ya que la Guardia Nacional bajo la coordinación de la Sedena garantizará una estrategia integral sólida y efectiva para retomar el control del territorio donde el crimen pretende imponer su ley; asimismo, fortalecerá la coordinación en los tres niveles de gobierno para enfrentar de manera global los desafíos del país y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
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El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN) subrayó que la solución a la inseguridad en México no es la militarización, sino a través de un modelo de inteligencia y estrategia. Las medidas de combate a la delincuencia resultaron un verdadero fracaso, pues se tienen registrados más de 190 mil ejecuciones, miles de desplazados y extorsiones en todo el territorio nacional; por ello, la presente administración “no está ni remotamente cerca de lo que les prometió a los mexicanos en materia de seguridad”.
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Segunda ronda
La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) expuso que la seguridad pública es cuestión de Estado; es decir, no es un servicio o una obligación que le compete sólo al gobierno, sino al Estado mexicano, por lo que todas las instituciones tienen que hacerle frente para cumplir con esa función. “La Guardia Nacional tiene la confianza de la ciudadanía, por eso pido su voto a favor”.
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Por el PAN, la diputada Teresa Ginez Serrano señaló que la Guardia Nacional es una de las corporaciones más ineficientes, una milicia de más de 128 mil efectivos que tan solo en 2022 detuvo a 38 presuntos delincuentes. “Lo que hoy se propone es una reforma para premiar esta institución, en lugar de exigirle resultados y rendición de cuentas; es darle fuero militar, prestaciones de seguridad social, ascensos y jerarquías equiparables a los militares”.
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El diputado Adrián González Naveda (Morena) se pronunció a favor de la reforma porque “la pidió el pueblo”. Somos representantes de una mayoría que exige resolver situaciones apremiantes y pondremos punto final a una discusión de muchos años, será la sociedad quien lo haga, porque cuando hay autoridad moral y un gobierno democrático, se pone al servicio de la gente y se le pregunta qué quiere y el 2 de junio nos mandó y estamos obligados a cumplir con lo que exige”.
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Del PRI, el diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo indicó que con la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena está en peligro el trabajo de los profesionales policiales civiles, ya que solo se contempla la permanencia del personal militar y naval, dejando a los expolicías federales de forma temporal. “Nos preocupa que se desmantele la labor policial para dar paso a un cuerpo militarizado y se deseche a policías especializadas que no posee la Sedena y que la Guardia Nacional ha sido capaz de formar”.
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Sonia Rincón Chanona, diputada de Morena, afirmó que fortalecer las capacidades institucionales de la Guardia Nacional para garantizar seguridad ciudadana, el orden público y el Estado de derecho al hacerla parte de la Sedena, es una acción fundamental si de verdad se quiere pacificar al país. No se militariza si no se garantiza seguridad. El objetivo es combatir la violencia, el lavado de dinero, la trata de personas, extorsiones, secuestros y múltiples delitos que lastiman a la sociedad.
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El diputado del PAN, Paulo Gonzalo Martínez López, externó su rechazo a la reforma porque representa un retroceso a la seguridad del país y pone en riesgo la libertad y el Estado de derecho. “Estamos ante una inminente militarización de las instituciones de seguridad pública. Se busca centralizar el poder en el Ejército, rompiendo el equilibrio entre los poderes civiles y militares, vulnerando la Constitución y los derechos humanos”.
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Por Morena, el diputado Carlos Hernández Mirón manifestó que la reforma es un mandato del pueblo; de ahí la importancia de aprobar estas modificaciones para que la Guardia Nacional tenga una disciplina militar, pero con proximidad ciudadana. “Esa corporación ha sido respetuosa con los derechos humanos, en estos cinco años, por lo que la población la asume como un organismo que beneficia a las 32 entidades federativas”.
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La diputada Graciela Ortiz González (PRI) comentó que la reforma para militarizar a la Guardia Nacional y subordinarla al control de las Fuerzas Armadas, es una amenaza a los principios políticos y democráticos que han sostenido al país; por ello, representa un retroceso en México. “Se está minando al país y dejando de lado décadas de avances en la construcción de un Estado democrático, donde la seguridad y la justicia deben estar al servicio de los ciudadanos y no bajo el control militar”.
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Cindy Winkler Trujillo, diputada del PVEM, consideró necesario consolidar a la Guardia Nacional y dotarla de todos los elementos para que pueda hacer frente a la inseguridad. Es relevante tener una corporación con personal de origen militar y marino, pero con formación policial para desarrollar una estrategia integral que otorgue tranquilidad y paz. “El texto es claro, el país no se está militarizando ni se entrega la seguridad pública a los militares”.
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Por MC, la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez dijo que México debe fortalecer sus policías locales con mejores presupuestos y equipamiento. “Hoy se está en el límite de militarizar este país y que las libertades sean cada vez más constreñidas”. Relató que, según datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad, la mayoría de detenidas sin una orden de aprehensión fueron realizadas por militares o integrantes de las Fuerzas Armadas.
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Por su parte, el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena) enfatizó que se busca establecer reglas claras para el funcionamiento de esta corporación, la cual cuenta con un marco jurídico sólido para su profesionalización y enfoque de participación ciudadana para asegurar que su actuación sea conforme a derechos fundamentales. “La nueva forma de seguridad ciudadana debe ser parteaguas del próximo sexenio, con políticas públicas novedosas y fortalecidas, capacitación permanente y resultados concretos”.
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El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) señaló que la Guardia Nacional no ha logrado reducir la inseguridad; al contrario, el crimen organizado y los delitos avanzan. Las fuerzas locales están deterioradas, desprovistas de recursos y capacitación. “La seguridad debe ser un derecho garantizado para todos, es momento de apoyar una seguridad pública de carácter civil, coordinada con las fuerzas castrenses en situaciones de emergencia”.
