Con iniciativas presidenciales por delante, las transiciones políticas mexicanas encontraron sus rieles y descarrilamientos en el Congreso. Ha sido ahí donde se diseñaron las reformas que dieron paso al andamiaje institucional.
En todos los casos hubo márgenes estrechos y amplios, pero justo para que los legisladores pusieran acentos, comas y hasta puntos suspensivos. Y siempre llevaron mano los diputados y senadores del gobierno en turno y aquellos de la oposición que se volvían interlocutores en Los Pinos, amigos del Presidente.
Así se construyeron desde la reforma política de Jesús Reyes Heroles con José López Portillo hasta el Pacto por México de Enrique Peña Nieto con PAN y PRD, pasando por el IFE que avaló Ernesto Zedillo y toda la oposición.
Paralelamente, por aproximaciones sucesivas, legisladores de todos los signos impulsaban iniciativas destinadas a democratizar la toma de decisiones y el acceso a los bienes públicos. Fue un tramo de la historia nacional en la que jugó un rol determinante una agenda global pautada por la ONU y otros organismos económicos y financieros. Las convenciones y los tratados internacionales fueron pautando la apertura comercial de México, el compromiso con derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, la evaluación educativa, la medición de los resultados de las políticas para reducir la marginación y la pobreza, el acceso a la información sobre los actos y gastos de los gobiernos.
Mientras todo eso sucedía, Andrés Manuel López Obrador se forjaba como un líder político y social interesado en llegar a la Presidencia, bajo la consideración de que desde ahí todo era posible. Según el relato de quienes fueron legisladores durante la dirigencia formal o de facto de López Obrador en el hoy extinto PRD, nunca fue de su interés la vida parlamentaria.
Pero a partir de 2018, el titular del Poder Ejecutivo comprendió que era en el Legislativo donde debía desmontar el andamiaje institucional que en los últimos 30 años había buscado acotar al presidencialismo mexicano, profundizado la división de Poderes. Su inteligencia política consiguió en los últimos seis años comunicar con éxito que lo construido en las alternancias políticas y en la llamada transición democrática era desechable.
El denominado plan C que López Obrador contiene reformas que buscan dejar inscritos en la Constitución sus programas y políticas públicas, así como echar al cesto de la basura el tinglado institucional que se derivó de la citada agenda global, con excepción del intercambio comercial con Norteamérica.
De las 18 iniciativas de cambio constitucional que el presidente formuló y que Claudia Sheinbaum hizo suyas en la campaña electoral, 17 se convirtieron en decreto entre el primero y el 26 de agosto. Sólo quedó fuera la propuesta de reforma electoral, la misma que a finales de 2022 e inicio de 2023 escaló el pleito del mandatario con la SCJN, una vez que sus ministros la desecharon por violaciones al debido proceso por parte de Morena.
El resto de los proyectos de decreto fueron avalados en la Comisión de Puntos Constitucionales de la legislatura que este jueves entregó la estafeta a los nuevos integrantes de la asamblea de San Lázaro. Los dictámenes relacionados con los apoyos económicos, mejorías salariales, reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, vivienda, salud, medio ambiente, bienestar animal y trenes de pasajeros recibieron el aval de casi todas las bancadas.
Pero existen cinco minutas que salieron adelante sólo con el visto bueno de Morena, PT y PVEM y que la oposición consideró nocivas: ampliación del catálogo de delitos de la prisión preventiva, convertir a CFE y Pemex en empresas públicas del Estado, dejando atrás la nominación de empresas productivas, mando militar de la Guardia Nacional, extinción de siete organismos autónomos y descentralizados, y la reforma al Poder Judicial de la Federación. Los peros que PAN, PRI y MC pusieron a esos dictámenes importan poco, toda vez que en la LXVI Legislatura, que mañana inicia con una sesión de Congreso General, los parlamentarios de esos logos apenas suman 26% de los votos.
Y, como lo repiten los representantes de la coalición oficialista que ahora tiene mayoría calificada de sobra para reformar la Constitución, el respaldo del 2 de junio en las urnas también fue para el plan C. De manera que la primera Presidenta de México tendría que materializar el entierro del citado andamiaje institucional, una vez que su coalición legislativa apruebe esos 17 dictámenes en el pleno de las cámaras de Diputados y Senadores.
Esa ruta comenzará mañana cuando en San Lázaro se dé la primera lectura al proyecto de decreto de la reforma que busca renovar entre 2025 y 2027 a los jueces, ministros y magistrados por la vía del voto popular. Paradójicamente, si el guion presidencial se cumple a cabalidad, esta inédita mayoría calificada de Morena y sus aliados seguirá sin márgenes de maniobra, como sucedió con las legislaturas del sexenio de López Obrador que siguieron a pie juntillas el “no le mueven ni una coma”. Restaurado el presidencialismo sin contrapesos, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá, sin embargo, la última palabra.
Por lo pronto, la diputada Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, anuncia cambios en el dictamen de la reforma al PJF para mejorarlo. Una posibilidad sólo viable con el visto bueno de la futura mandataria. Y el jefe de la mayoría en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelanta que, en este septiembre de despedida de López Obrador, sacarán adelante, además, las minutas de pueblos originarios y la de Guardia Nacional. Una acotación que bien podría implicar que el regalo de fin sexenio no incluirá, por lo pronto, la extinción de los organismos autónomos. Una hipótesis plausible, si así lo resuelve la Presidenta. De ella dependerá el tamaño del entierro que hará el Congreso.
