El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que su bancada votará en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial, en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque es un riesgo para el Estado mexicano, es inoperante, antidemocrático, injusto, imprudente, lesiona el pacto federal y la protección de los derechos humanos, permite la intromisión de poderes fácticos y no garantiza la justicia ni mejorar la calidad de las resoluciones.
Luego de criticar que la narrativa del iniciante y del dictamen no corresponden al resultado que tendrá la supuesta reforma, el líder congresista explicó durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es inexacto que el ciudadano vaya a elegir al juzgador, ya que, en todo caso, va a tratar de seleccionar entre inmensas listas de personas que seguramente no va a conocer.
En un comunicado, tras señalar que de concretarse esta reforma nos llevaría a una crisis institucional, ejemplificó que, en la Ciudad de México, si se opta por renovar en el 2025 además de los cargos federales y los locales, se pondrán frente al elector cuando menos 25 boletas, en donde encontrará 4 mil 125 personas, entre los que tendrá que escribir 640 nombres para igual número de cargos.
“Otro ejemplo más, una entidad como Nuevo León, que tiene comicios para gobernador, ayuntamientos y diputados, si lleva la elección de los juzgadores al 2027, tendrá 21 boletas, ya se imaginarán el número de candidatos y la enorme confusión que nos espera”, detalló.
Evidenció que México es un país con pocos jueces en relación con su población, apenas 0.33 por cada 100 mil habitantes y si se suman a los locales se eleva a poco más de 3; sin embargo, el promedio ideal es de 18, aunque hay países como Grecia que tienen 40 por cada 100 mil habitantes.
Señaló que los juzgados están saturados y a nivel local en muchas entidades falta personal y los sueldos son muy bajos. Dijo que la reforma no contempla la mejora del Ministerio Público, ni del sistema de peritajes, ni de la defensoría de oficio, ni del ejercicio de la abogacía.
El político coahuilense condenó que los redactores de la iniciativa no se hayan percatado de la limitada discrecionalidad de los jueces federales y los poderes locales, quienes tienen que estar atentos a criterios, precedentes, jurisprudencias y tratados internacionales.
Por lo anterior, consideró que no es válido descalificarlos antes de conocer cómo se construye una resolución. Incluso, insisto, en materia penal tenemos ahora un sistema que extrema las garantías y sobre todo la presunción de inocencia.
Discutámoslo serenamente, llamó Moreira Valdez, pospongan unos meses el debate, hagamos mediciones, hablemos de la justicia y, en ese marco, debatamos sobre el Poder Judicial. Pidió realizar un simulacro en la Cámara de Diputados, entre legisladores, trabajadores y periodistas, para que vean lo complejo que será el ejercicio.
