Quedan tres semanas para que la Secretaría de Gobernación, Palacio Nacional y la casa de transición de la virtual Presidenta electa definan cómo será el futuro Poder Judicial.
¿Quién llevará mano en la confección del dictamen que estaría incluyendo gradualidad, evaluación de candidatos y detalles para la elección de ministros, jueces y magistrados?
La duda es pertinente porque, en lo que va del sexenio, nunca el proyecto final de una reforma propuesta por el presidente López Obrador se escribió en la Cámara de Diputados.
Tan es así que las primeras seis reformas del plan C que se aprobaron este jueves y viernes en la Comisión de Puntos Constitucionales no experimentaron cambios de fondo.
Se trató de dictámenes en materia de apoyo para jóvenes, fondo de pensiones, salarios, vivienda, sistema ferroviario y el de la austeridad en percepciones con dedicatoria al Poder Judicial.
Pero en el caso de la reforma para definir en las urnas a los juzgadores y crear un tribunal de disciplina para éstos, la virtual Presidenta electa ofreció atender las críticas y las alertas.
De ahí que se están realizando mesas de análisis que, organizadas por la bancada de Morena principalmente, han dejado en claro los graves riesgos que la reforma entraña.
Faltan dos encuentros sobre defensoría de oficio y procuración de justicia, pero no exageramos al decir que en los siete foros ya hechos los pros palidecieron ante los argumentos en contra. Claro que hay consenso en la urgencia de hacer cambios que garanticen una impartición de justicia de cara a las víctimas, pero ésta no se resolverá en las urnas ni castigando jueces.
Las alarmas en voz de ministros, magistrados, jueces, juristas, académicos y activistas de organismos civiles e internacionales sonaron con mayor intensidad esta semana.
Acaso porque conforme se acerca lo que podría ser una histórica violación a derechos humanos de miles de jueces, los conocedores abandonan el confort para hacerse oír.
Y ése fue el caso de la UNAM, institución que Claudia Sheinbaum reivindica, al igual que su futuro canciller, el exrector Juan Ramón de la Fuente y Rosaura Ruiz, a cargo de la próxima política en investigación y ciencia.
Las advertencias universitarias de Diego Valadés, Pedro Salazar Ugarte , Mónica González Contró, Sonia Venegas Álvarez y Francisco Burgoa, entre otros, son en esencia un llamado a la rectificación respecto al foco de la iniciativa presidencial.
A media semana se conoció también la preocupación de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite.
Según esa alerta de la ONU, si no hay cambios sustanciales, la reforma presidencial “podría socavar la independencia de la judicatura mexicana”. Y al presentar sus comentarios, Satterthwaite habla de una falta de compatibilidad de las propuestas “con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos que vinculan a México”. Las alarmas están encendidas, incluyendo las de la presidenta del INE sobre el costo presupuestal y la enorme logística institucional que implicarían las urnas para renovar a los 54 mil juzgadores hoy en la picota.
A la lluvia de dudas que Guadalupe Taddei dejó a los diputados el martes, en el séptimo foro sobre la elección para definir a los siguientes ministros, jueces y magistrados, se agregó el cálculo de que podría costar lo mismo que una presidencial, es decir, unos 22 mil millones de pesos. Y las palabras de los ministros que ahí fijaron postura. Lenia Batres asumió en todos sus términos la propuesta presidencial: “Sólo los tiranos deben temer a la democracia. En una República soberana, democrática, popular como la nuestra, la democracia es la única forma en que el pueblo realiza plenamente su soberanía”.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa, aun cuando consideró que el voto popular es un reclamo de las urnas, que pidió revocación para los juzgadores en función a sus trayectorias. “Quienes han servido a la justicia merecen también ser tratados con justicia, porque ello es una garantía de respeto a los derechos de la ciudadanía”. El ministro Juan Luis González Alcántara se había pronunciado en el mismo sentido: “Usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y que, por tanto, deban permanecer en el cargo o bien, deban de ser removidos. El voto popular no debe de ser una herramienta para convertir a los amigos del poder en jueces o en magistrados”.
Y el ministro Jorge Pardo Rebolledo dejó prendida la alarma: “Sólo juezas y jueces ajenos a cualquier poder político, económico o, incluso, al favoritismo ciudadano podrán defender con autoridad los derechos y libertades de todos los individuos, amparar a quien se acerque a los tribunales y garantizar la libertad de expresión y el derecho a disentir”. ¿Estará alguien en el equipo de la virtual Presidenta electa registrando esas sonoras torretas? ¿O es que Sheinbaum ha delegado esa tarea a la titular de la Segob?
¿Será el senador Ricardo Monreal, futuro jefe de la diputación morenista, el encargado de arrastrar el lápiz para que en los artículos transitorios se amortigüen los daños advertidos? ¿Tendrá el jefe de la actual bancada mayoritaria, Ignacio Mier, la posibilidad de construir el dictamen que marcará un antes y un después en la vida de la República?
¿O será el castigo del presidente López Obrador a los ministros y al resto de los juzgadores porque le declararon inconstitucional el mando militar de la Guardia Nacional?
¿Acaso la primera Presidenta de México se dará el lujo de que los ánimos de vendetta de su colaborador heredado, el ministro Arturo Zaldívar, escriban el prólogo de su gobierno?
