Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir a ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial por voto popular ha generado un intenso debate en México. Esta iniciativa, similar al modelo implementado en Bolivia desde 2009, pretende acercar el sistema judicial a la ciudadanía. Sin embargo, la experiencia boliviana ofrece lecciones valiosas que deben ser consideradas antes de replicar este sistema en nuestro país.
En Bolivia, la preselección de candidatos judiciales se realiza con criterios partidistas, privilegiando perfiles afines al partido en el poder, lo que socava la verdadera independencia del Poder Judicial. Lejos de mejorar la justicia, la elección popular de jueces no ha resuelto problemas estructurales como la corrupción y la falta de independencia. En 2022, el Consejo de la Magistratura boliviano destituyó a 11 jueces por corrupción y mal desempeño, demostrando que los problemas persisten.
Antes de implementar un modelo similar en México, es fundamental reflexionar sobre varias implicaciones críticas. Primero, surge la pregunta: ¿de dónde saldrían los recursos para las campañas de las candidaturas judiciales? En Bolivia, los candidatos recurren a financiamiento privado debido a la ausencia de financiamiento público, lo que plantea el riesgo de que queden sujetos a intereses particulares o grupos de poder. La falta de controles y rendición de cuentas facilita la corrupción y el “clientelismo judicial”.
La experiencia boliviana demuestra que la elección popular de jueces puede profundizar la politización y la falta de independencia del Poder Judicial, poniendo en riesgo el Estado de Derecho. En lugar de fortalecer la justicia, este modelo podría socavar la autonomía judicial y perpetuar la influencia política en las decisiones judiciales.
De esta manera, la propuesta de elegir a los jueces por voto popular en México, aunque bien intencionada, podría traer más problemas que beneficios si no se implementa con un marco regulatorio sólido que garantice la transparencia y la independencia judicial. La experiencia de Bolivia sirve como una advertencia de los riesgos de politización y falta de autonomía que este modelo puede conllevar. Antes de avanzar en esta dirección, es imperativo diseñar un sistema que fortalezca verdaderamente la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país.
APUNTES CLAVE:
FOROS: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ha aprobado nueve foros de parlamento abierto para debatir las iniciativas de reforma judicial del presidente López Obradory Claudia Sheinbaum. Los encuentros iniciarán el 27 de junio en San Lázaro y se extenderán hasta el 8 de agosto, con participación destacada del sector judicial y énfasis en la defensoría pública gratuita. Los foros buscan enriquecer el debate sobre la eficiencia, transparencia e independencia judicial en México. // SEGURIDAD: El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, se reunió con la asambleísta Karines Reyes de Nueva York para fortalecer la colaboración entre ambos estados. Destacaron la importancia de estrechar lazos en turismo, educación y apoyo a la comunidad migrante. Acordaron hermanar Puebla y Nueva York, impulsando intercambios culturales, programas educativos y políticas para mejorar la calidad de vida de los poblanos en el extranjero. Esta iniciativa promete beneficios significativos para ambas regiones. //AGUA: La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha anunciado una nueva reducción en la entrega de agua del Sistema Cutzamala hacia la Ciudad de México y el Estado de México, debido al bajo almacenamiento en las presas del sistema. Actualmente, el sistema opera al 26 por ciento de su capacidad, comparado con el 41 por ciento a principios de año. El caudal se reducirá de 7.9 a 6.1 metros cúbicos por segundo, empezando este sábado. Esta medida busca asegurar el abasto continuo del agua, vital para el 20 por ciento del suministro en la Zona Metropolitana del Valle de México. //JUSTICIA: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con el fiscal general de la República y titulares de fiscalías estatales para discutir seguridad y justicia en la recta final del gobierno de AMLO. Destacaron éxitos y desafíos compartidos, subrayando la importancia de proteger el bienestar, salud y seguridad de ambas naciones. La reunión fue productiva y se da en un contexto tenso por las recientes sanciones agrícolas hacia Michoacán, tema que también ha sido abordado por el presidente López Obrador con el embajador estadounidense para buscar soluciones y mantener las buenas relaciones comerciales.
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