Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
En medio de una de las crisis más graves que enfrenta México, el desabasto de agua se presenta como un desafío crucial, no solo para la vida cotidiana de millones de mexicanos, sino también como un tema central que inevitablemente influirá en el panorama electoral del país durante las elecciones de 2024.
La escasez de agua en México es un problema de larga data, pero su gravedad se ha exacerbado en los últimos años, afectando a más de la mitad de la población. De manera particular, la Ciudad de México se ha convertido en un epicentro de esta crisis, con el Sistema Cutzamala registrando niveles alarmantemente bajos de reservas hídricas. En 2023, apenas se alcanzó el 33 por ciento de su capacidad total, y se estima que la situación podría prolongarse hasta 2025.
El impacto de esta crisis en la población es innegable. La falta de acceso al agua potable –y segura– no sólo pone en riesgo la salud y el bienestar de millones de mexicanos, sino que también tiene el potencial de desencadenar brotes sociales y políticos. En un contexto electoral, esta situación adquiere una relevancia aún mayor, pues los ciudadanos están ávidos de respuestas y soluciones por parte de sus líderes políticos.
Ante esta crisis, los partidos políticos en México se ven en la obligación de presentar propuestas concretas para abordar el problema del desabasto de agua. En este sentido, destacan las posturas divergentes que han surgido. Por ejemplo, la candidata de Morena para el gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha sido enfática al afirmar que la ciudad no contará con agua en el futuro. Mientras tanto, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado planes para llevar agua de Querétaro, Hidalgo y otros estados a la capital del país.
Sin embargo, más allá de las declaraciones políticas, es fundamental que se planteen soluciones efectivas y sostenibles para hacer frente a esta crisis. Expertos y organismos como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han propuesto diversas medidas, entre las que destaca la recarga artificial de acuíferos.
No obstante, es importante reconocer que la crisis de agua en México no es un problema aislado, sino que está estrechamente relacionado con fenómenos como el cambio climático, el crecimiento poblacional descontrolado, la sobreexplotación del recurso hídrico y la deforestación.
En este contexto, resulta imperativo que la clase política asuma su responsabilidad y actúe de manera coordinada y eficiente para enfrentar esta crisis. La ciudadanía, por su parte, tiene el derecho y la responsabilidad de exigir soluciones concretas y a largo plazo. En un año electoral, la manera en que los diferentes actores políticos aborden este tema será crucial no solo para definir el rumbo del país en los próximos años, sino también para ganarse la confianza y el respaldo de la ciudadanía.
Tenemos, cuando menos, cinco décadas haciendo llamados a cuidar el agua y promover su uso responsable; y sin embargo, las acciones emprendidas han sido evidentemente insuficientes. La escasez de agua puede –y será– utilizada como herramienta política por todas las partes involucradas, en todos los niveles.
Lo que nos queda es exigir políticas públicas que sancionen de manera severa su desperdicio y contaminación, no sólo de la ciudadanía, sino especialmente por las grandes compañías, desde la industria alimentaria hasta la textil. Es cierto que cada ciudadana y ciudadano tenemos la responsabilidad de cuidarla, pero también es verdad que las industrias son aún más responsables.
De acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), una persona consume en promedio 380 litros de agua diarios, un 200 por ciento más de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS); mientras que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el uso agrícola y abastecimiento público de agua son los sectores con más agua concesionada, con el 15 por ciento del uso de agua al abastecimiento público, con cerca de siete empresas que acaparan 70 por ciento de su uso.
En 2022, la Comisión Nacional del Agua exhibió las 64 concesiones que representan el mayor consumo de agua, con un consumo de 50 millones de metros cúbicos al año. Entre las empresas mencionadas, se encuentran, Industria de Álcalim con 4.4 millones; Ternium México, con 2.5 millones; Cervecería Cuauhtémoc, con 2.2 millones; y compañías de bebidas purificadas, con 1.4 millones.
Por otra parte, en el ramo alimenticio, destacan compañías como Coca-Cola, con 55 mil millones de litros anuales; Pepsi, con 32 mil millones; Danone, con 15 mil millones; Nestlé, con 9 mil millones; Aga, con 5 mil millones; Jumex, con 2 mil millones; NutriJugos, con mil millones; Bimbo, con 1.3 mil millones; Kellogs, con 1.5 mil millones; y Peñafiel, con 828 millones.
La crisis del agua no distinguirá de ideologías políticas ni colores partidistas; pero sí comienza “de abajo” hacia arriba, en la escala social, como casi todas las tragedias de la humanidad. Sin agua, no habrá ni país que gobernar, ni dinero que valga. Habrá que reorganizar nuestras prioridades.
Dijo Thomas Fuller (que murió en 1790), que “nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco”. Yo: #SóloDigoLoQueVeo.
JUEGO DE CARTAS:MIGRANTES: En un encuentro en Puebla, líderes migrantes de Passaic, New York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco expresaron su respaldo al candidato a la gubernatura de Puebla por la Megacoalición “Sigamos Haciendo Historia”, Alejandro Armenta. Manifestaron su disposición para invertir en proyectos que impulsen el desarrollo del estado y saquen a los paisanos de la pobreza. Armenta propuso que los propios migrantes inviertan en Puebla, incluyendo la instalación de la primera fábrica de paneles solares. Estos paneles se destinarían a escuelas, hospitales, mercados y fábricas, con el objetivo de reducir los costos de producción mediante el uso de energía solar. El candidato también presentó su proyecto de gobierno, el cual contempla la creación de 10 agroparques en puntos estratégicos del estado para impulsar el desarrollo de las comunidades. En la reunión, Armenta explicó que el modelo de inversión propuesto contempla un 30% de aportación por parte del gobierno, un 30% por parte de empresarios y un 40% por parte de la comunidad migrante. Destacó que este modelo reconoce el emprendimiento de los migrantes y apunta a un nivel más alto de inversión, indicando que las remesas ya no solo se destinarían a la infraestructura básica como iglesias o carreteras. Jaime Delgado, Vicealcalde de Passaic, expresó su confianza en Armenta, señalando que el candidato les brinda seguridad y confianza para invertir en empresas. Delgado afirmó: “Tenemos la confianza de que cuando Armenta gane, también nos apoyará a los migrantes que salimos de México en busca del sueño americano”. Entre los líderes migrantes que respaldaron a Armenta se encuentran Adriana Mantilla, Alberto Lira Rodríguez, Alfonso Zapata, Arturo Leal y Érasmo Ponce. //VIOLENCIA DE GÉNERO: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, con dos años de inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, debido a expresiones ofensivas hacia legisladoras del PRI. También se sancionó a Brenda Jimena de la Mora de Movimiento Ciudadano. Estas medidas reflejan el compromiso del TEPJF en la protección de los derechos políticos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género en el ámbito político. //CONSOLIDACIÓN: Durante la 87 Convención Bancaria, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, destacó que la propuesta de consolidación fiscal para 2025 presentada en los Pre-Criterios no generó preocupaciones en el mercado financiero. La propuesta busca mantener la estabilidad fiscal y dar continuidad a la normalización de la política monetaria. Aunque bien recibida, la definición final de esta estrategia estará en manos de la próxima administración, que deberá adaptarla según las necesidades y condiciones económicas del país. //DEUDA:
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la deuda del sector público en México superará el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años, a pesar de la disminución en el déficit fiscal. Se espera que el gobierno realice ajustes presupuestarios a partir del próximo año para reducir el déficit, pero expertos advierten sobre los desafíos que enfrentará la próxima administración para implementar recortes al gasto público y consolidar la situación fiscal del país.
PD: No existe política sin conciencia
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