Por Julio Mardones…
Junto con generar un absoluto repudio social la resolución dictada por un juez al permitir que Raymundo Martínez, ex alcalde Toluca, continúe el proceso penal en su contra en su domicilio y con un brazalete, resulta bastante “sospechosa” tal decisión, ya que ello es muestra clara de que la legalidad se viola en el Estado de México.
Este hecho afecta la estabilidad y tranquilidad de los ciudadanos del municipio, por lo que el Cabildo toluqueño debe mostrar cohesión y firmeza en la toma de decisiones ciudadanas, y subrayar que con su trabajo existen las condiciones para dar un ejemplo de plena gobernabilidad y respeto jurídico.
De la misma manera, hay que subrayar que el cambio en medida cautelar, del exalcalde de Toluca Raymundo Martínez, procesado por delito de secuestro exprés, del penal de Santiaguito representa una nueva prueba para que las autoridades municipales muestren una vez más el tamaño de su compromiso con la sociedad para hacer valer la legalidad entorno de un hecho a todas luces violatorio de las leyes.
Frente a esta decisión “sospechosista”, no se debe pasar por alto que es el momento propicio para que el Cabildo de Toluca cierre filas y se fortalezca en torno de los principios legales que rigen a la sociedad de la capital del Estado de México.
Los integrantes del cabildo, la sociedad de la capital del Estado y las autoridades del Ejecutivo no deben pasar por alto, que el alcalde propietario se encontraba y se encuentra sujeto a un proceso penal.
Tampoco puede olvidarse que el expresidente estuvo prófugo de la justicia durante casi dos meses desde el 24 de noviembre de 2023, hasta su detención en un apartamento de la CDMX en enero de 2024.
El exalcalde aún se encuentra bajo proceso penal, es por ello que tendrá que acudir semanalmente a firmar el libro de procesados. Además, tiene estrictamente prohibido tener algún tipo de comunicación con su exesposa Viridiana Rodríguez Rico.
