La semana pasada trascendió que la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat había decidido retirar dos asuntos que discutirían el lunes 26 de febrero de 2024 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ambos vinculados con los procedimientos de desafuero del ex gobernador Francisco Cabeza de Vaca.
Ríos Farjat, propuesta por López Obrador para ocupar un puesto en la Corte y de quien se pensó que sería un voto propicio a la 4T, declaraba la invalidez de una reforma a la constitución tamaulipeca que evitaba homologar el procedimiento de desafuero del Congreso Federal y, por tanto, evitaba que el entonces gobernador perdiera la protección contra investigaciones judiciales.
La ministra Ríos decidió listar nuevamente los asuntos, pero reconociendo la validez de la reforma del congreso tamaulipeco, es decir, cambiando su criterio en 180 grados. De acuerdo al nuevo planteamiento, cuando un congreso local, a partir de su constitución libre y soberana, decida no homologar la declaratoria de desafuero del Congreso de la Unión, la decisión será definitiva e inatacable.
Ríos expone que la reforma tamaulipeca es constitucional, pues las entidades federativas pueden ejercer de manera soberana facultades que, conforme a los ordenamientos normativos aplicables, le corresponden a los congresos de las entidades federativas.
Además, señala que es constitucional que el Congreso de Tamaulipas haya determinado que no existirá recurso judicial alguno en contra de las resoluciones que éste dicte en este tipo de casos. Así, si hay delitos federales de por medio, la entidad federativa, a través del legislativo estatal, sigue teniendo la resolución definitiva.
