Octavio Campos Ortiz /
Por más que promueven las famosas encuestas cuchareadas, ni ellos creen en el arrollador triunfo de la ex jefa de Gobierno o en retener la CDMX, mucho menos lograr la mayoría calificada en el Congreso ni mantener la supremacía en los estados.
De ser ciertas las cifras alegres que manejan en los sesgados estudios demoscópicos -trajes a la medida de quien patrocina-, no se convertiría el inquilino de Palacio Nacional en el jefe de campaña de todos los candidatos de la 4T, desde la aspirante presidencial hasta los que juegan a las gubernaturas, los suspirantes a las presidencias municipales o a las diputaciones locales.
Si bien no inician formalmente las campañas, existe una permanente promoción de los prospectos a cargos de elección popular desde hace, al menos en el caso de la ex delegada de Tlalpan, dos años, a pesar de que contravienen flagrantemente la legislación electoral, pero con eso de que a ellos no les vengan con que la ley es la ley o como ya tienen un INE y un TRIFE casi a modo, con gran impunidad pretenden imponer a los candidatos morenistas. Para ello usan no solo los programas asistencialistas con fines electorales, también utilizan los aparatos del Estado como el sistema público de radio y televisión, los medios afines al gobierno -a los que se les inyecta una fuerte inversión publicitaria-, los “periodistas” orgánicos y la profusa difusión en medios alternativos.
Pero no solo es la promoción de personajes y la exaltación de las obras y programas de gobierno, sino la inducción a votar por la 4T. Hay un adoctrinamiento y condicionamiento de las dádivas gubernamentales y propagan, como amenaza latente, la falsa idea de que si la gente sufraga por la oposición perderán las ayudas económicas, las cuales fueron elevadas por esta administración a rango constitucional.
A pesar de todo ello, hay alarma en Palacio Nacional porque independientemente del esfuerzo político, el manejo de estructuras y la estrategia mediática no prenden las campañas presidencial, ni las de los candidatos a gobernador o al Congreso mismo.
Por ello se inició el verdadero B que es legitimar una elección de Estado mediante el debilitamiento del árbitro electoral, quien hasta hace poco era autónomo e independiente, pero ahora bajo la amenaza de desaparecer para que vuelva el control de los comicios al Ejecutivo; además, se ha dinamitado al Tribunal Electoral mediante pequeños “golpes de escritorio” para deponer en dos ocasiones a su titular y apuntalar a una presidenta carnal sin pleno completo.
Las nuevas autoridades han permitido a ciencia y paciencia todas las irregularidades y atropellos a la ley electoral. Avanza la caballería presidencial, apoyada por la violencia política que genera el crimen organizado.
Además, impone sus iniciativas de reformas constitucionales como futuro programa de gobierno de su candidata, y en consecuencia espera que un abyecto Congreso mayoritariamente oficialista las apruebe.
Para una elección de Estado se requiere que un Poder Judicial sumiso legitime el fraude, que desconozca la voluntad popular e incluso anule los comicios si se requiere, escenario que seguramente el mandatario tiene contemplado. Sabe que sus proyectos no pasarán en esta legislatura, pero todavía gobernará cuando entre en funciones el nuevo Congreso y cree contará con la mayoría calificada.
Es una obsesión desaparecer no solo a la Suprema Corte, sino a todos los órganos autónomos que cuestionen sus decisiones, exijan rendición de cuentas o pidan respeto al Estado de Derecho.
Sin duda, el futuro de la democracia en México está en riesgo y solo si se vence el abstencionismo se evitará el populismo setentero. La 4T no puede ser destino manifiesto ni suponer que el ciudadano ya se resignó a extender la mano para recibir miserables dádivas.
Es tiempo de que el pueblo bueno y sabio despierte para derrotar una transformación que solo es simulación e inicie una revolución, la revolución de la inteligencia, que es lo que más afecta a la gente en el poder.
