En un ambiente polarizado y con un proceso electoral en marcha, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que “no es momento para discutir las reformas constitucionales” que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso pues consideró que esas iniciativas requieren de un análisis profundo y detenido, pero no hay tiempo para ello.
Las 20 iniciativas de reforma propuestas por el Ejecutivo –recalcó–ameritan un análisis imparcial, profundo y detenido, con el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, que no es posible realizar en este momento.
Para el empresariado mexicano se requiere que el poder Legislativo emprenda un análisis “serio y responsable” de las 20 iniciativas de reforma propuestas por el presidente AMLO y realice foros de consulta e incluya al sector privado.
El sector empresarial planteó que habrá que estudiar a fondo la reforma de pensiones pues recordó que se propone crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar, que iniciaría con un fondo “semilla” con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la venta de inmuebles del FONATUR, así como de lo que se obtenga de la eventual desaparición de organismos autónomos.
“Esto es, nace sin recursos suficientes para poder financiar las pensiones tal y como lo propone el presidente de la República”, refirió la Concamin.
En este sentido, el CCE planteó que las reformas se sometan a un amplio consenso en torno a principios que unan y no dividan a los mexicanos. “Como industriales y como empresarios, estamos en favor de todo aquello que beneficie a los trabajadores”, agregó la Concamin.
El presidente de la Concanaco, Héctor Tejada Shaar, dijo que, hasta el momento, los empresarios del sector comercio, servicios y turismo “no han sido consultados” y por lo que esperan contar con espacios para discutir cualquier iniciativa que sea presentada por el poder ejecutivo.
Ante la efervescencia política por el proceso electoral que vivimos “será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas”, estableció el sector privado.
18 de las 20 propuestas de reformas presentadas por el Presidente, por ser constitucionales, requieren mayoría calificada de los legisladores, por lo que se tiene que abrir un amplio debate para discutir y, en su caso, aprobar lo que es mejor para México con una visión de largo plazo para la democracia, las finanzas públicas y la vida institucional del país, expuso la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Abundó que los órganos constitucionales autónomos son un equilibrio y un contrapeso a las decisiones del gobierno, están contemplados en el T-MEC, y “nosotros estamos por su fortalecimiento, no por su desaparición”.
El CCE señaló que el paquete de 20 iniciativas de reformas a la Constitución y leyes secundarias impactan la estructura del gobierno, la división de poderes, al régimen democrático y la competitividad del país.
Es por ello que el sector privado del país consideró indispensable revisar -detenidamente- el contenido de las iniciativas al interior del CCE.
“Argumentaremos en favor de la división de poderes, el fortalecimiento de la democracia, la competitividad, la certidumbre jurídica que se requiere para incentivar las inversiones y el cumplimiento de los acuerdos comerciales de los que México forma parte”, estableció
