La ministra Norma Lucía Piña Hernández, primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó en su informe de labores las resoluciones emitidas este año que confrontaron al Poder Judicial de la Federación (PJF) con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El evento se realizó, por primera vez en el sexenio, sin que el mandatario federal estuviera presente pues desde ayer anunció que enviaría a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, en su representación.
En cambio, destacó la asistencia de personajes como el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar; integrantes de la academia como Jesús Garza Onofre, Javier Reyes Martín, Pedro Salazar Ugarte; el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá y representantes de organizaciones de la sociedad civil como el Centro Pro, Sin Fronteras, México Evalúa, Yo También, Fundación para la Justicia, Equis Justicia para las Mujeres, Almas Cautivas, entre otras.
Durante su discurso, Piña agradeció a los trabajadores del PJF que se manifestaron en las calles contra la eliminación de los fideicomisos y a todos aquellos que han defendido públicamente la independencia judicial.
“Cada expresión de solidaridad, y también de crítica, son, en sí, valiosas. Constituyen elementos torales de la democracia y de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Son la encarnación de la libertad. Es en la convivencia entre afinidades y diferencias, donde se materializa la plaza pública por excelencia. Ella es anhelo y mandato de nuestra Constitución”, dijo.
“Como nunca, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación dejaron por momentos sus imprescindibles jornadas en la defensa del orden constitucional, para salir a defender sus propios derechos y, así, proteger los de la población.
Al hablar del trabajo jurisdiccional del PJF destacó resoluciones como la inconstitucionalidad de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); que se permitiera al INAI sesionar con cuatro integrantes y la orden de que el Senado designara a los comisionados faltantes en el actual periodo ordinario de sesiones.
También, la invalidez de las reformas que conformaron el llamado Plan B electoral; la del decreto del presidente López Obrador en el que declaró que las obras del gobierno son cuestiones de seguridad nacional y, por tanto, su información debía permanecer reservada; la orden de transparentar los contratos de compra de vacunas durante la pandemia del covid-19, entre otras.
Todas esas decisiones provocaron que en su momento el distanciamiento entre el presidente y el Poder Judicial se agrave.
“En los últimos meses, el Poder Judicial Federal ha enfrentado retos sin precedentes. Ellos han obtenido como respuesta la demostración de la solidez y fortaleza, tanto de las instituciones que lo conforman, como de las personas que lo integramos. Los principios que rigen nuestra función han cobrado vida en los últimos tiempos”, señaló.
“La defensa de la independencia judicial de la que hemos sido testigos surge, no sólo del interior de quienes la vivimos en ejercicio de nuestras funciones, sino también de quienes, con el debilitamiento de la judicatura, con la deslegitimación de nuestra función social, ven amenazada la defensa de sus derechos, de su dignidad. Escuchamos las voces de quienes consideran que la división de poderes y la independencia judicial son valores democráticos inquebrantables para su vida cotidiana, para su tranquilidad, para la protección de lo que más aprecian en sus vidas”.
