- La falta de acceso a la justicia es un reflejo de las profundas desigualdades sociales, afirma ante Comisión de la Cámara.
Durante su comparecencia ante senadores de la República, Bertha María Alcalde Luján, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), subrayó que es necesario contar con un Sistema de Justicia más equitativo.
Alcalde Luján acudió ante la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, para exponer la idoneidad de su candidatura a la Suprema Corte.
Ahí, aseveró que la falta de acceso a la justicia es un reflejo de las profundas desigualdades sociales, las cuales permean en el funcionamiento de nuestro sistema jurisdiccional.
Sobre la propuesta para elegir a las y los ministros de la SCJN por voto popular, dijo que está dispuesta a abrir el debate para analizar cuál es la mejor forma de designar a las y los juzgadores, pero la decisión deberá tomarla el Poder Legislativo.
Explicó que se trata de una discusión en la que influye el derecho laboral; sin embargo, dijo, de acuerdo con resoluciones de la propia Suprema Corte, sí se pueden reducir las remuneraciones de las y los trabajadores, además de que las y los ministros deben tomar en cuenta la situación económica y social del país para discutir este asunto.
Además, señaló que se requiere dotar al Sistema de Justicia de una mayor legitimidad, por lo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la SCJN deben abordar con mayor eficacia los problemas centrales que afectan la credibilidad del sistema judicial, como los privilegios, el influyentismo y la corrupción.
En ese sentido, puntualizó que no basta con señalar aquellos jueces que cometen irregularidades, sino crear mecanismos más eficaces para identificarles y sancionarles.
“Es por esto que fortalecer la capacidad de vigilancia y sanción frente a irregularidades del Consejo de la Judicatura es, sin duda, otro pendiente en la Agenda Legislativa y de reingeniería institucional”, asentó.
También se pronunció a favor de reducir los salarios de las y los ministros de la Suprema Corte, ya que la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente.
Bertha Alcalde subrayó que es ineludible contar con un “Sistema de Justicia aterrizado a la realidad”, para lo que es necesario tener personas juzgadoras que vean más allá del texto en la norma y puedan empatizar con la gente que es víctima de injusticias.
“Deseo formar parte del máximo tribunal de justicia de nuestro país, para poder contribuir a hacer realidad los anhelos de justicia de un pueblo que aspira y exige fortalecerla”. En ese tenor, enfatizó que de ser elegida ministra se desempeñará con respeto a la Constitución, con independencia de criterio y robustecerá el Estado de Derecho.
Alcalde Luján reconoció que tiene coincidencias en los principios y valores con el actual gobierno; sin embargo, enfatizó que su independencia y autonomía están garantizadas. Al respecto, dijo que, cuando las coincidencias buscan fortalecer la democracia, proteger a los más vulnerables y garantizar los derechos humanos, se construye en lugar de destruir.
El senador de Morena, Rafael Espino de la Peña, solicitó la opinión de Bertha María Alcalde Luján, respecto del actual procedimiento constitucional para elegir una posición en la SCJN, y el contraste con la idea de cambiarlo y sujetarlo a una eventual elección de los ministros mediante el voto popular directo.
Por Acción Nacional, el senador Damián Zepeda Vidales externó su preocupación por la terna enviada, ya que el Presidente de la República propuso perfiles subordinados a su movimiento para influir en las resoluciones de la Corte. El legislador detalló que, aunque legalmente Alcalde Luján no está impedida para ser ministra, sí existe un conflicto de interés, pues es afín al gobierno actual.
En tanto, Luis David Ortíz Salinas, senador de Movimiento Ciudadano, mostró su preocupación sobre la independencia, imparcialidad y objetividad de la aspirante para resolver recursos de reclamación presentados por jueces y magistrados, derivados de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial.
Sylvana Beltrones Sánchez, senadora del PRI, cuestionó el papel del control constitucional como instrumento para garantizar que se respeten los derechos de las personas detenidas bajo prisión preventiva oficiosa, así como la necesidad de revisar el papel de esta figura.
Por su parte, el senador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, dijo que es necesario analizar los principales aspectos sobre la figura del amparo, así como la posibilidad de que la Suprema Corte transite a un modelo de tribunal constitucional que no revise cuestiones de legalidad; y las ventajas y desventajas que tiene un modelo de control difuso de la Constitución.
Joel Padilla Peña, senador del PT, indicó que el sistema penal acusatorio tiene diversas fallas, por lo que cuestionó a la aspirante sobre sus propuestas para mejorarlo, así como lograr que los índices de impunidad reduzcan en nuestro país.
En su oportunidad, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares consideró que debe explorarse el alcance de las decisiones y fallos de la Suprema Corte respecto de la cadena de responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas en la comisión de desaparición forzada de personas, y como ejecutores de presupuesto en obras y servicios.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas recordó que la reforma en materia de derechos humanos de 2011 incorporó tratados internacionales en la materia, por lo que pidió a la compareciente que expusiera su postura sobre la restricción o suspensión al disfrute y ejercicio de un derecho humano que menciona la Constitución.
