– Los CGPE proyectan un endeudamiento histórico de 5.4% del PIB y un saldo de 48.8% del PIB.
– La deuda por persona pasaría de 118 mil 780 pesos en 2023 a 126 mil 818 en 2024.
Desde 2009, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) han estado desequilibrados, pues se proponen ingresos por debajo de lo necesario para cubrir el gasto público.
Ante la discusión y eventual aprobación de la ILIF 2024, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) resalta que las metas anuales de endeudamiento no se cumplen, aunado a que los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2024 postergan el tiempo para regresar al equilibrio presupuestario, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal de largo plazo enmarcada por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
En el documento ‘El déficit y la deuda de los CGPE 2024. Postergar decisiones y heredar obligaciones’, el CIEP refiere que el Paquete Económico de hace un año había expuesto, para este 2024, que el gasto público se reduciría y que, por lo tanto, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), es decir, el endeudamiento, bajaría de 4.1% a 2.7% del PIB.
Sin embargo, en el Paquete Económico 2024, se propone un gasto mayor por 766 mil 398 mdp y el doble de endeudamiento: 5.4% del PIB. Además, los intereses correspondientes al pago de la deuda pasarían de 3.5% a 3.8% del PIB (1 billón 263 mil 994 mdp), superando el gasto en educación de 3.1% del PIB (1 billón 096 mil 544 mdp) y salud de 2.9% del PIB (990 mil 974 mdp).
Por tal razón, el indicador de la deuda pública por persona seguiría en aumento, pues pasaría de 118 mil 780 pesos en 2023, a 126 mil 818 pesos en 2024, incluyendo desde recién nacidos hasta las personas de mayor edad. En este sentido, las niñas y niños estarían heredando obligaciones sin que exista una fuerte inversión en su educación y en los cuidados que requieren para su bienestar.
Para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo, es necesaria una reforma fiscal que revise la situación financiera del gobierno federal, sus organismos y empresas; así como analizar el incremento en los gastos comprometidos. Se necesitan recursos para enfrentar en tiempo y forma, las demandas de la población, así como dirigir los programas a áreas prioritarias como educación, salud y primera infancia.
