· “La justicia abierta implica la existencia de normas, políticas y capacidades institucionales que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana” apuntó el Comisionado del INAI
· Este tipo de apertura permitirá que la justicia sea pronta, completa, imparcial, gratuita, transparente y participativa
El acceso a la información en el ámbito judicial legitima y permite comprender la actuación de los operadores del Derecho: juezas, jueces, fiscales, agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos, sostuvo Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la segunda sesión del seminario Rumbo a la construcción de una Política de Justicia Abierta en Querétaro, el Comisionado del INAI dio un panorama sobre las condiciones del sistema de impartición de justicia en el país, con base en datos del estudio InJusticia Abierta, elaborado por la organización Equis Justicia para las Mujeres.
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Al respecto, Alcalá Méndez señaló que 92 por ciento de los delitos no se denuncian y, de los que sí, solo una minoría llega a una sentencia. En el caso particular de las mujeres mexicanas, 43 de cada 100 son víctimas de algún tipo de violencia; sin embargo, solo 8 de ellas lo denuncian, es decir, un 5 por ciento.
“Entre los principales motivos por los cuales las víctimas indican que se abstienen de denunciar son la poca eficiencia de las instituciones en cuanto a la investigación de delitos y la administración de justicia, así como la desconfianza por parte de la sociedad en estas instituciones”, refirió.
Asimismo, el Comisionado del INAI apuntó que, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020, México se ubica en el lugar 60 de 69 países, por sus altos índices de impunidad. En ese contexto, planteó la necesidad de transitar hacia una justicia abierta, un nuevo modelo en el que los Poderes Judiciales adopten como principios básicos la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación.
Precisó que la justicia abierta implica la existencia de normas, políticas y capacidades institucionales que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en las funciones que desempeñan las instituciones judiciales, mediante la innovación en el uso de tecnologías.
Desde el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), se ha establecido que este nuevo modelo debe considerar como características esenciales que la justicia sea pronta, completa, imparcial, gratuita, transparente y participativa.
“En la justicia abierta también debe existir la rendición de cuentas; obviamente no estoy hablando de cuánto te gastaste en la tinta, en el tóner, sino me estoy refiriendo a la calidad argumentativa y a que se ponga a disposición las actividades de control, seguimiento y vigilancia, que permitan a la sociedad monitorear y evaluar el desempeño del Poder Judicial”, expuso.
Alcalá Méndez indicó que, para impulsar la adopción de este modelo de justicia, el INAI y el SNT buscan que los Poderes Judiciales de las entidades federativas, la sociedad civil organizada y los organismos garantes de transparencia suscriban una Declaratoria de Justicia Abierta.
“Esta declaratoria reconoce que una justicia abierta nos permitirá avanzar como sociedad hacia la garantía de los derechos humanos fundamentales, específicamente, de los derechos de acceso a la información y de acceso a la justicia”, puntualizó.
El seminario es organizado por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro (INFOQRO) y el World Justice Project (WJP).
En esta segunda sesión participaron Javier Marra Olea, Comisionado Presidente del INFOQRO; Alejandro González Arreola, Director del Programa de Estado de Derecho del WJP, así como representantes de todas las instancias judiciales del estado de Querétaro.
