Después de más de 11 horas de debate, el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados impuso su mayoría en el Senado y aprobó sin cambios con 71 votos en pro, 51 en contra y 1 abstención la reforma que traslada el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional (GN) al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Así, Morena y sus aliados avalaron las diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Estos cambios otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad de “ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Conceden al secretario de la Defensa el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública y cuando el presidente de la República disponga su intervención en auxilio de la fuerza armada permanente.
El personal militar puede efectuar “operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública” y homologar al personal de la Guardia Nacional su tiempo de servicio en esta corporación como tiempo de servicio en el Ejército y unidades de vuelo.
La mayoría legislativa desechó una moción suspensiva del PAN para frenar el debate, seis votos particulares presentados por los senadores Miguel Ángel Mancera, del PRD; Claudia Ruiz Massieu, del PRI; Noé Castañón y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano; Manuel Añorve, del PRI y Germán Martínez, del Grupo Plural y 200 reservas al dictamen.
Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Corte y ex secretaria de Gobernación, rechazó que se esté estableciendo un mando militar a la Guardia Nacional dado que el presidente de la República es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y pidió confiar en el papel institucional de este cuerpo de seguridad.
“Una eventual aprobación de este dictamen ante el pleno del Senado de la República, en ningún momento puede ser entendida como un ‘cheque en blanco’, insisto no es un ‘cheque en blanco’ para la Guardia Nacional. (…) Daremos un puntual seguimiento a su desempeño, significando que tienen que capacitarse en materia de prevención del delito. (…) La Guardia Nacional no sólo debe dar rondines, sino que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevenir, de investigar y de perseguir el delito”.
El bloque de contención se pronunció en contra de la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar al país y anunció la interposición de una acción de inconstitucionalidad para impugnar esta reforma.
Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, afirmó que aprobar este dictamen es un fraude a la Constitución y un error, porque cancela la posibilidad de contar con un cuerpo civil, de alcance nacional, que sea fuerte y confiable.
Aseveró que estas reformas avalan la muy preocupante actitud de siempre “colocar la voluntad partidista por encima de la ley y la Constitución”.
“Este dictamen no nos va a llevar a mejores resultados en la estrategia de seguridad, porque no hay un uniforme mágico, que pueda crear policías profesionales simplemente por cambiarle de ropa a quienes portan un uniforme militar. (…) Desplegar militares indiscriminadamente para realizar tareas para las cuales no han sido formados, no es mejor que desplegar cuerpos policíacos debilitados. (…) Para que los agentes e integrantes de la Guardia sean civiles, como marca la Constitución, sus jefes deben ser civiles y el dictamen les impone jefes militares. Sostener lo contrario, que la Guardia puede ser civil y militar al mismo tiempo es una falacia”.
