El miércoles nos reencontramos a la feminista Olga Sánchez Cordero.
Es pronto para decir que la hemos recuperado en el activismo por la igualdad de género. Pero su voz volvió a sumarse públicamente contra las violencias institucionales que invisibilizan el reclamo de justicia de las mujeres.
Aliada histórica de estas causas, la aún presidenta del Senado puso en pausa su militancia feminista cuando el gobierno asumió que ésta era parte de lo que el presidente López Obrador llama los conservadores.
Perdimos entonces el acompañamiento de la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y primera secretaria de Gobernación.
Esta semana, sin embargo, la legisladora de Morena rompió su tregua. Lo hizo al definir que los deudores alimentarios incurren en violencia económica, doméstica, emocional y psicológica al negarles la pensión a sus hijos menores de 18 años.
Es relevante contar con Olga Sánchez Cordero en el inicio de un proceso que apenas comienza y que habrá de desahogarse entre los ministros de la SCJN, a quienes corresponderá validar o rechazar la acción de inconstitucionalidad 98/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que busca invalidar la Ley 3 de 3 contra la violencia (doméstica, sexual y por adeudo de la pensión).
Porque el Congreso puede y debe respaldar el movimiento ciudadano y legislativo que viene reclamando desde 2020 que ningún agresor pueda llegar al poder y que se ha traducido en iniciativas de reforma en ocho entidades.
El Senado, además, tiene un deber mayor porque cuenta con la facultad de designar y de remover al titular de la CNDH, así como de llamarlo a comparecer cuando así se requiere.
Veremos si Sánchez Cordero, en los próximos 10 días que le restan a su presidencia en la Mesa Directiva de la Cámara alta, respalda a las senadoras del PAN que ahí encabezan las comisiones de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, y de la Niñez, Josefina Vázquez Mota, quienes ya se pronunciaron a favor de la Ley 3 de 3, de las colectivas de mujeres que la defienden y de convocar a Rosario Piedra Ibarra, al frente de la CNDH.
“Quiero decirles, categóricamente, que yo no estoy de acuerdo con esta acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH, porque nos ha costado mucho trabajo, incluso el registro de deudores alimentarios”, expuso Sánchez Cordero.
Era lo menos que esperábamos de ella, dirán quienes con justicia exigen congruencia en la causa contra un Estado patriarcal y machista que invisibiliza nuestros reclamos. Y que no se hace cargo del peso que la violencia doméstica tiene en la violencia criminal que hoy nos agobia.
Como lo documentamos en el libro Mexicanas en pie de lucha (Reportajes sobre el Estado machista y las violencias), las feministas de la autoproclamada Cuarta Transformación decidieron trabajar por su cuenta y sin reflectores en la defensa de una agenda que en las tres décadas anteriores se había forjado al calor de alianzas entre políticas y activistas de todos los partidos.
Desde esa deliberada ruptura con el movimiento de las mujeres, la entonces secretaria de Gobernación optó por el silencio frente a la cancelación de las estancias infantiles, el recorte presupuestal a los refugios y programas de mujeres, el grito de que “un violador no puede ser gobernador”, que cientos de morenistas hicieron suyo infructuosamente.
Y, aunque Olga continuó empujando la perspectiva de género en el gabinete, nadie se entusiasmó en serio ante un presidente López Obrador que descalifica esa agenda.
Con este antecedente debemos ponderar la respuesta de la senadora morenista en favor de la Ley 3 de 3 y en contra de la defensa que Rosario Piedra hace de los deudores alimentarios, una defensa que anoche fue descalificada por el Consejo Consultivo de la CNDH, cuyos siete integrantes lamentan no haber sido, valga la redundancia, consultados. Y le recuerdan a la titular la larga lista de convenciones internacionales y leyes que esa acción de inconstitucionalidad pasa por alto.
En un breve diálogo en los pasillos del Senado, cuando una decena de activistas —entre ellas Patricia Olamendi, Yndira Sandoval y Lorena Villavicencio— entregaban el documento, cálida y receptiva, la senadora se definió indignada y extrañada por la acción de la CNDH.
“Yo no sé quién los asesora”, repitió en tres ocasiones.
Contó lo que ese mismo día confirmó el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar: varias senadoras le expusieron el martes 16 su preocupación por ese recurso que, de prosperar, establecería un retroceso.
La voz de Olga resulta fundamental para romper el silencio de las disciplinadas feministas de la autoproclamada Cuarta Transformación que, como ella, han privilegiado asimilarse al discurso oficial, para nunca contradecir al Presidente.
Y es que es sabido y documentado que Piedra Ibarra actúa como lo que es desde que llegó a la CNDH: un alfil del gobierno y de sus apuestas ideológicas.
¿Es esta acción de inconstitucionalidad un encargo de Palacio Nacional? ¿Por qué tanto interés en descarrilar la 3 de 3? ¿Quiere proteger a deudores morenistas que con esta ley quedarían vetados?
¿Sabe acaso la senadora que esta vez la comisionada se fue excepcionalmente por la libre? ¿O es que Olga está dispuesta a contradecir al Presidente en este litigio?
