Por primera vez en la historia del Congreso de la Unión, desde la tribuna del Senado de la República personas que pertenecen a las poblaciones LGBTIQ+ presentaron 16 propuestas legislativas en relación con el reconocimiento de sus derechos y mejores condiciones para vivir en igualdad y sin discriminación. En el Parlamento Juvenil LGBTIQ+, organizado conjuntamente entre la Bancada Naranja, la organización LGBT+ Rights México y el Senado de la República, que se desarrolla este jueves en el Pleno de la Cámara de Senadores, participan 64 personas parlamentarias de distintas orientaciones sexuales e identidades de género de entre 18 y 29 años de edad provenientes de todas las regiones del país; 16 de ellas presentan los dictámenes legislativos, mientras que las 48 restantes hacen posicionamientos sobre éstos.
DECLARATORIA
Primera. Reconocemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece como principio fundamental, el derecho a la igualdad y no discriminación y que el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, por ello, consideramos que este derecho debe cumplirse prioritariamente en las poblaciones de la diversidad sexual y de género.
Segunda. Evidenciamos la urgencia de contar con una legislación que reconozca la orientación sexual, la identidad y expresión de género y que en su texto adopte los términos y conceptos correctos, constitucionales y legales, a fin de que reconozca a las personas gestantes, a las personas menstruantes y sustituir los conceptos legales por un lenguaje inclusivo e incluyente.
Tercera. Solicitamos que se analicen los programas educativos actuales a la luz de las propuestas que presentamos en este parlamento y que la legislación promueva una educación con perspectiva de diversidad sexual integral; que se implemente un diseño de estrategias y acciones para contar con una educación sobre la interpretación del espectro de género, de identidad y/o expresión de género, y orientación sexual.
Pugnamos por una educación sexual integral y reproductiva obligatoria desde los primeros años de educación, la cual debe implicar el ejercicio libre y responsable de la sexualidad, con perspectiva de género y de diversidad sexual, planeación familiar, maternidad y paternidad responsable, diversidad y pluralidad en los tipos de familias, el placer sexual, el consentimiento, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual, los aspectos psicológicos y sociales de la sexualidad e identidad humana, así como la responsabilidad afectiva.
Cuarta. Demandamos al Congreso de la Unión las reformas legislativas pertinentes que garanticen el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos y que en la legislación electoral se incluyan los conceptos de cuota LGBTIQ+ y que se tipifique la violencia política en contra de personas en razón a su orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
Al Instituto Nacional Electoral le demandamos las acciones afirmativas que garanticen que la listas de registro de candidaturas se integren bajo criterios a favor de personas en situación de vulnerabilidad.
Quinta. Solicitamos respetuosamente que se incorpore a la legislación penal la tipificación de los transfeminicidios; que se impulsen políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia para las personas integrantes a nuestra comunidad LGBTIQ+, en materia de desaparición forzada; que la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías de las 32 entidades federativas se incorporen unidades especializadas para atender hechos relacionados con crímenes de odio por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.
Sexta. Demandamos la armonización legislativa que permita a las infancias LGBTIQ+ definir su identidad y expresión de género, así como reconocer a la comunidad LGBTIQ+ como un grupo prioritario en situación de vulnerabilidad y conceder el derecho de asistencia social.
Séptima. Visibilizamos importante la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el que se reconozca e incluya a las familias homoparentales y lesbomaternales.
Octava. Demandamos una reforma constitucional que eleve al matrimonio igualitario como un derecho de nuestra carta magna, para garantizar que en toda la república se pueda acceder y ejercer este derecho humano fundamental.
Novena. Hacemos un llamado urgente a que se identifique y apoye a los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de nuestra misma comunidad LGBTIQ+; demandamos a las personas titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas, a que, de manera prioritaria, garanticen la protección a las personas indígenas, afrodescendientes y de pueblos originarios pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, así como la garantía de un acceso a la salud sin discriminación.
Quienes conformamos el Primer Parlamento Juvenil LGBTIQ+ emitimos, por consenso, esta Declaratoria con el objetivo de construir una sociedad más empática y respetuosa, una legislación incluyente y fortalecida, y un México en donde la libertad no sea un acto de valentía para nadie.
Al texto de esta Declaratoria anexamos las propuestas que presentamos en el Primer Parlamento Juvenil LGBTIQ+ del Senado de la República.
