El vicefiscal “A” Anticorrupción de Morelos, Edgar Núñez Urquiza, presentó un juicio de procedencia ante la Secretaría de Servicios Legislativos del Congreso del Estado, en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por los delitos de ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos, fraude procesal y falsificación y por último, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante la autoridad.
El pasado viernes 15 de abril, a su salida de la sede legislativa, Núñez Urquiza anunció que se investigará al Cuauhtémoc Blanco por los delitos de ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; fraude procesal y falsificación; enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante autoridad.
Asimismo, el vicefiscal detalló que los abogados Enrique Paredes y Gerardo Becerra Chávez fueron los que presentaron las denuncias.
La formulación de la causa implica que el Congreso de Morelos le retire el fuero al gobernador, lo que permitiría entonces a la Fiscalía Anticorrupción presentarlo ante el juez de control para que responda por los delitos que se le imputan.
Las denuncias en contra de Blanco fueron interpuestas por Enrique Paredes, mismo que en septiembre ya había interpuesto una denuncia por formar parte de una red de lavado de dinero.
En ese mismo septiembre, Juan Salazar, fiscal anticorrupción de Morelos, comunicó que existían suficientes pruebas en contra del gobernador de Morelos para solicitar un juicio de procedencia para desaforarlo.
Por otra parte, otro de los demandantes es Gerardo Becerra Chávez, quien se desempeñó como fiscal anticorrupción durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
Además de Cuauhtémoc Blanco, , en la denuncia también figuran otros funcionarios de la actual administración estatal gobierno, cuyos nombres no han trascendido, pero para poder proceder de manera plena en su contra, es necesario desaforarlo.
Previo al juicio de desafuero, la solicitud debe turnarse a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, misma que preside el diputado morenista Arturo Pérez, y la cual debe garantizar el derecho de audiencia del gobernador, para la cual se necesitan 14 votos a favor para que se aprueben las solicitudes de formación de causa.
