Por Alejandro Villegas…
Cuando queda menos de la mitad de su gestión, el ciudadano presidente mantiene su discurso de combate a la corrupción, como bandera política, a la espera de ganar el aplauso del respetable.
Parece que para el ciudadano presidente es más importante mantener en el centro del debate el combate a la corrupción, con el discurso añoso sobre los conservadores y la mafia del poder.
Ello, sin presentar en concreto los avances en materia de combate a la corrupción, que permitan apreciar de manera directa la forma en la que se ha avanzado.
Una cosa es señalar generalidades y hablar de lo que se ha ahorrado, a partir de un programa de austeridad y otra muy diferente tener acciones concretas, como ex funcionarios procesados e investigaciones abiertas, así como recursos y bienes recuperados.
Sin ello, la realidad es que el pretendido combate a la corrupción no pasa de ser un discurso de una prolongada e incesante campaña, que previo a la realización de la consulta de Revocación de Mandato, solo sirve al ciudadano presidente para presentarse como victima, a la espera del apapacho del pueblo bueno.
Sin embargo, la posición férrea del ciudadano presidente en contra de la corrupción que denuncia y subraya, como se ha apreciado, cambia cuando los eventuales casos de corrupción, en cualquiera de sus modalidades, afectan su imagen, la de sus familiares o simplemente de la 4T.
Aberración
El ciudadano presidente se rasga las vestiduras ante la decisión del máximo tribunal del país, de eliminar el candado que impedía a los ex servidores públicos trabajar para la iniciativa privada al concluir su desempeño en el cargo público.
El tiempo de diez años que debían esperar para prestar sus servicios a una empresa privada, era enorme y una completa desproporción, si se considera que independientemente de cualquier circunstancia, como cualquier persona los hoy funcionarios públicos, al dejar el cargo tienen que trabajar para obtener ingresos que les permitan mantenerse como personas y a sus familias.
En el fondo parecía que con esa acción la Ley de Austeridad Republicana les invitaba a amasar una fortuna de cualquier forma, mientras estuvieran en el cargo público, para mantenerse durante los diez años siguientes a su separación, o bien asegurarse de no dejar de ser empleados gubernamentales.
