El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por cerca de 700 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales por diversas irregularidades encontradas en los informes ordinarios de ingresos y gastos del año 2020.
Las y los consejeros electorales, así como la mayoría de las representaciones de partidos políticos reconocieron el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización que recibió y revisó, de manera integral, 721 informes presentados por 84 sujetos obligados tanto del ámbito federal como local, correspondientes a 10 partidos políticos nacionales y 74 partidos políticos locales, respecto del origen y destino de los recursos, trabajos a partir de los cuales se determinaron las siguientes sanciones:
El Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que el trabajo de auditoría realizado por el Instituto consistió en la revisión de 15 mil 160 millones 334 mil 295 pesos de ingresos y 12 mil 188 millones 459 mil 363 pesos de gastos.
Externó que entre las conductas más frecuentes se encuentran las transferencias indebidas de recursos, egresos no reportados y egresos no comprobados, que en conjunto representan el 41% de las sanciones.
Jaime Rivera reconoció que, si bien se imponen sanciones en la materia, es claro el esfuerzo de los partidos políticos de cumplir con los informes y reportes en materia de fiscalización.
“Lo cierto es que del ejercicio de revisión realizado se puede observar que, en términos generales, los partidos tienen un ánimo de cumplimiento del reporte de sus ingresos y gastos, y hay que señalar una diferencia recurrente entre los distintos partidos: los órganos de dirección nacional tienen un nivel de cumplimiento oportuno y preciso, mayor que los órganos locales de los mismos partidos”, mencionó.
El fin es transparentar el dinero de la política
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que el objetivo de revisar los ingresos y gastos ordinarios de los partidos es transparentar el dinero invertido en la política, más allá de los procesos electorales, en lo cual se ha avanzado considerablemente.
“Si se comparan las sanciones propuestas en 2020 con las aplicadas en 2019, se observa que cuatro de los siete partidos políticos nacionales con registro vigente disminuyen sus sanciones en un 56% en promedio, mientras que los partidos políticos locales las disminuyen en un 28 por ciento”, dijo.
Córdova explicó que esta evolución, desde el punto de vista administrativo y de rendición de cuentas, demuestra que se ha avanzado en el cumplimiento de las normas en materia de rendición de cuentas por parte de los partidos y destacó que la fiscalización no solamente es un mecanismo sancionatorio, sino que también tiene una función preventiva.
“Estos datos muestran que es posible que los partidos políticos se acerquen a los niveles de probidad, pulcritud administrativa y transparencia que la sociedad mexicana exige”, concluyó.
21.5 millones de pesos se dejaron de invertir en el liderazgo político de las mujeres
La Consejera Dania Ravel sostuvo que en la revisión de informes se detectó que los partidos dejaron de destinar 21.5 millones de pesos en la promoción del liderazgo político de las mujeres.
“En materia de fiscalización quizá la acción más importante que se ha implementado es la obligación de los partidos políticos, de destinar anualmente el 3% de sus recursos ordinarios a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Esto es prioritario, ya que es una medida para la igualdad encaminada a asegurar que los partidos políticos cumplan, como entidades de interés público, con promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso a la ciudadanía.
Sin financiamiento público es inviable el sistema de partidos
El Consejero Ciro Murayama apuntó que del total de los ingresos de los partidos, 89% corresponden a financiamiento público, lo que refrenda que este financiamiento es el que da viabilidad al sistema de partidos que sustenta la democracia.
“Esto quiere decir que el financiamiento público sigue siendo preponderante y, en contra de la especie que busca cierta privatización de la política disminuyendo los recursos públicos, la realidad demuestra que sin financiamiento público no sería posible el sistema plural de partidos”, sentenció.
El Consejero Martín Faz indicó que la función fiscalizadora del INE es garantía fundamental para la equidad, pilar fundamental del sistema democrático que impide que los poderes fácticos incidan en la agenda política a través de la inyección de sus recursos económicos y permite transparentar a la ciudanía el cuidado del dinero.
“Puede sonar sencillo, pero fiscalizar más de 5 mil millones de pesos es una labor titánica que no sería posible sin la ardua labor de decenas de personas que a lo largo del año se esfuerzan en una muy meticulosa labor desarrollada en la Unidad Técnica de Fiscalización, a todos quienes ahí laboran y a los distintos asesores que también se esfuerzan en las tareas de revisión, no me queda más que agradecerles por su trabajo profesional”, mencionó.
Reporte a destiempo limita facultades fiscalizadoras del INE
Tanto en la fiscalización de informes anuales como de precampañas y campañas importan los registros en tiempo real conforme lo indica el Reglamento de Fiscalización, expresó el Consejero José Roberto Ruiz.
“Es tal el cúmulo de información que se debe de analizar, de procesar por el área correspondiente, que si el grueso de la misma nos llega a destiempo sí merma la calidad y la profundidad que, yo creo, tendríamos que tener en estos trabajos”, agregó.
Transferencias de recursos indebidas del PAN, PT y Morena
Durante el ejercicio de revisión de informes, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó que los partidos políticos de Morena, Acción Nacional y del Trabajo transfirieron recursos de sus comités locales a sus comités nacionales para fines distintos a los permitidos en la norma, transferencias que sólo se permiten cuando se efectúen para el pago de proveedores, pago de servicios o para el pago de impuestos.
Al respecto, la Consejera Adriana Favela explicó que si bien el proyecto propone sancionar a los tres partidos políticos, PAN, PT y Morena, con un 10% del monto involucrado del total de las transferencias que realizaron, además se ordena que los comités ejecutivos nacionales devuelvan los recursos que fueron transferidos a sus entidades, quienes los deberán reintegrar a las respectivas tesorerías o, en su caso, a nuevos fideicomisos inmobiliarios, siempre y cuando estos recursos ya hayan estado en fideicomisos con este fin a nivel central.
Favela anunció su voto en contra de esta medida porque hay un alto nivel de cumplimiento de los partidos políticos a nivel federal y porque no se cuenta con el fundamento legal que obligue a la devolución de estos recursos que fueron transferidos por los comités ejecutivos locales, propuesta que fue acompañada por las consejeras Carla Humphrey y Norma De la Cruz, así como por los consejeros Martín Faz y Uuc-kib Espadas.
Sobre esto, la Consejera Carla Humphrey se pronunció en contra de la disposición reglamentaria que no permite la transferencia de recursos entre los comités ejecutivos de las entidades federativas y los nacionales.
“Considero que dicha disposición pasa por alto el carácter nacional y consolidado de la fiscalización; es decir, los partidos políticos son entes nacionales que, por efectos de organización, tienen funciones en cada demarcación territorial, pero que ello no altera su naturaleza de entidades de interés público de carácter nacional. En ejercicio de su facultad de autoorganización y de vida interna, debieran poder transferir los recursos que consideren necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines, sin mayores restricciones más que éstas sean lícitas y se encuentren registradas y soportadas documentalmente, para contar en todo momento con certeza respecto del origen, monto y aplicación de los recursos”, dijo.
Adicionalmente, manifestó que las transferencias formaban parte de la vida interna y facultad de autoorganización de que gozan los partidos políticos, en la que la autoridad electoral está impedida de intervenir, ya que el artículo 41, fracción I, tercer párrafo de la Constitución General de la República es categórico al establecer que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley”. En este sentido, la prohibición debiera estar en ley, lo que en el caso concreto no ocurre.
Sentencias del Poder Judicial darán certeza al actuar de los partidos y la autoridad
Al tomar la palabra la Consejera Claudia Zavala afirmó que la decisión que se adoptó responde al cumplimiento de una norma vigente que pretende resguardar los recursos que se tienen en cada estado y que les permite operar desde el ámbito local a través de los comités directivos estatales.
No obstante, reconoció que el asunto muy probablemente sea impugnado ante los tribunales lo que permitirá a los propios partidos tener la claridad de cómo van a operar financieramente desde lo nacional y desde local.
Caso Morena
En el caso del partido Morena, la fiscalización arrojó que se realizaron transferencias de los comités estatales al nacional por un monto superior a los 1,200 millones de pesos, de los cuales, 390 millones se destinaron a un fideicomiso para la adquisición de inmuebles a nivel local.
Las consejeras y consejeros electorales determinaron que los recursos del partido destinados a un fideicomiso para la adquisición de bienes inmuebles desde el Comité Ejecutivo de Morena deberán pasar nuevamente a los comités estatales, ya sea con los inmuebles adquiridos o en efectivo.
La Consejera Norma De la Cruz destacó que un fideicomiso es una figura jurídica contemplada como lícita en materia de fiscalización. “El fideicomiso en comento genera la buena práctica de adquirir inmuebles para los sujetos obligados; es decir, adquieren un activo que contribuye a terminar con el pago de arrendamientos de inmuebles, generalmente que son cuantiosos”.
Por ello, añadió, si bien la forma de operación es incorrecta, el origen, monto, destino y aplicación de recursos se conoce, lo cual debe tomar en cuenta la autoridad.
Llamado a la congruencia
El Consejero Uuc-kib Espadas hizo un llamado a la congruencia, ya que representantes del partido Morena han criticado públicamente los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral para infraestructura inmobiliaria, a la vez que este instituto político crea fideicomisos para el mismo fin.
“Un partido político con 30 millones de votos está legitimado para hacer un fideicomiso, pero una institución que protege los derechos políticos de 92 y medio millones de electores ya registrados y más de 30 millones de potenciales de electores que ya están vivos no es legítimo, es un punto de vista que no puedo compartir”, afirmó.
El INE sabe que los fideicomisos son instrumentos financieros avalados por la ley y que pueden usar los partidos políticos; sin embargo, se debe realizar una revisión de la legalidad de los recursos que están en estos mecanismos.
Durante la sesión, el pleno también concluyó la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales y recibió el informe de fiscalización sobre hallazgos encontrados en la etapa de recolección de firmas en la Revocación de Mandato, el cual establece, de forma preliminar, que sólo en casos aislados se identificaron gastos vinculados con los sujetos obligados de la fiscalización electoral (partidos y funcionarios), a través de eventos y lonas no permitidos por la normativa vigente aplicable.
