Con el propósito de establecer en el artículo 4º de la Constitución Política el derecho de toda persona al suministro de energía eléctrica suficiente para su subsistencia y que el Estado garantizará las condiciones para ello, a través de una tarifa social justa o bien de medidas de autogeneración y autoabasto individual o comunitario, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) presentó una iniciativa.
La propuesta, remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea adicionar un párrafo séptimo a dicho artículo para señalar que el Estado garantizará que en la protección de ese derecho no se trastoque el derecho reconocido en el párrafo cuarto del mismo artículo (a un medio ambiente sano), y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso suficiente al suministro de energía eléctrica.
En los considerandos, se destaca que garantizar el acceso al suministro de energía eléctrica constituye la oportunidad para una transición energética en la que sea observable la reducción de energía primaria de recursos contaminantes y privilegiar fuentes de energía limpias como la solar o eólica.
Además, explica que México tiene el compromiso con su población y la del mundo, de contribuir a un suministro eficiente y oportuno de energía eléctrica, sumando esfuerzos para que sea de fuentes limpias, y lograr cobertura en zonas urbanas y rurales, disminuyendo la brecha de desigualdad.
Indica que la energía eléctrica posibilita el desarrollo de los potenciales de la nación, diseñar el crecimiento de la población, erradicar la pobreza, acortar desigualdades, impulsar el mejoramiento educativo, el acceso a servicios básicos e incentivar la economía.
Por ello, continúa, es necesario otorgarle la importancia y el lugar que merece como elemento indispensable para la prosperidad y el desarrollo de la población.
Refiere que, de acuerdo con datos de la Semarnat, en 2020 México registró una cobertura nacional del 99.12 por ciento del servicio de energía eléctrica y “no hemos alcanzado a cubrir el servicio eléctrico a la totalidad de la población mexicana, impidiendo así el acceso universal de los derechos que reconoce nuestra Constitución”.
Agrega que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, establece 17 Objetivos, entre los que destaca el número 7, Energía asequible y no contaminante, en el que convergen las metas más significantes para lograr un cambio que beneficie a toda la población.
Además, en el Acuerdo de París, signado por nuestro país, existe el compromiso del Estado mexicano de emitir postulados normativos que permitan contrarrestar el cambio climático vinculante en materia de energía.
México tiene la posibilidad de hacer historia en beneficio de su nación, en virtud de que posee marcos jurídicos a la altura de los compromisos, pues cuenta con el reconocimiento de derechos humanos dentro de su Constitución y de los tratados internacionales de los que la nación sea parte, entre los que refiere que se debe considerar el suministro de electricidad como un derecho humano, subraya.
