La mejor forma de gobernar es, sin duda alguna, mediante decretos. ¿Para qué perder el tiempo en consultar a los “expertos” o esperar las aprobaciones de los poderes legislativos? No cabe duda: la inmoralidad reinante, las conspiraciones de los adversarios, los ataques de la prensa y la necesidad de consolidar el proyecto de gobierno así lo justifican. Al menos eso creyeron algunos.
El presidente de la República estaba convencido de que llegó al poder porque el pueblo ya estaba harto de la “inmoralidad” y que por eso lo había llevado a la primera magistratura del país, “invistiéndolo con todas las facultades para restablecer el orden y la justicia”, porque solamente obrando con firmeza podía recuperarse “la moral pública”, tema que le interesa de sobremanera. Así, “para poder ejercer la amplia facultad que la nación me ha concedido para la reorganización de todos los ramos de la administración pública”, resolvió emitir una serie de decretos que le permitieran cumplir con su propósito.
Algunos de ellos, de lo más peculiares, son los siguientes:
–Se ocupó de los periódicos, sobre todo cuando publiquen escritos subversivos “que ataquen al supremo gobierno, a sus facultades y a los actos que ejerza en virtud de ellas”, o bien “que insulten el decoro del gobierno supremo con dicterios, revelación de hechos de la vida privada o imputaciones ofensivas, aunque los escritos se disfracen con sátiras, invectivas, alusiones o caricaturas”, por lo que, señala el decreto respectivo, “un periódico podrá ser suprimido, por medida de seguridad nacional, por decreto —obviamente— del presidente de la República”.
Los libros tampoco se escaparían a la censura, ya que en otro decreto, se dispuso también un castigo a quienes escriban, impriman, comercien o comenten “todo impreso en que se ataque o censure las providencias del gobierno o los principios que ha establecido para su régimen”.
–Como es “sabedor el señor presidente de que algunos mexicanos indignos de este nombre se atreven a propalar en conversaciones sediciosas que la nación obtendría ventajas” adoptando o imitando las costumbres o bien hasta “anexándose a los Estados Unidos”, expidió un decreto para establecer “una policía que sirva para adquirir conocimiento de las personas que viertan tales especies, a las cuales se juzgará militarmente y se castigará con la pena que la ley impone a los traidores a la patria”.
–Para demostrar que “el poder omnímodo del que se halla investido” goza del respeto, la aceptación, la confianza, el aplauso y el cariño del pueblo, decretó que se efectuara una consulta popular con el objeto de que en “todas la ciudades, villas, pueblos y lugares de la República” los ciudadanos expresen, “con plena y absoluta libertad, cuál es su voluntad” sobre la siguiente pregunta que se les hará: “Si el actual presidente de la República ha de continuar en el mando supremo de ella con las mismas facultades que hoy ejerce”, seguro de que la nación reconocerá que su “única gloria y ambición es ver algún día a México, merced a sus esfuerzos, floreciente y feliz”. Y como ésta consulta arrojará como resultado “el consentimiento espontáneo de sus compatriotas”, el presidente anunció en el mismo decreto que “se someterá al sacrificio que le exija la voluntad popular”.
–Como era obligado, en otro decreto posterior, expedido a petición del Consejo de Estado, se declaró “que fundándose en la mayoría de los votos emitidos en las juntas populares, es voluntad de la nación que el actual presidente de la República continúe en el mando de ella con las mismas amplias facultades que hoy ejerce”, y añadió explícitamente que lo será “por todo el tiempo que lo juzgare necesario para la consolidación del orden público, el aseguramiento de la integridad territorial y el completo arreglo de los ramos de la administración”.
-¡Ah!, pero el Consejo de Estado otorgó un honor todavía mayor, pues de la consulta popular también se concluyó, como se dice en el mismo decreto, que “para el caso de fallecimiento o imposibilidad física del mismo actual presidente podrá escoger sucesor, con las restricciones que creyere oportunas”. Fue buena idea que los consejeros de Estado los hubiese escogido de entre sus partidarios y amigos.
–El presidente meditaba si debía lanzar otro decreto más, por sugerencia de esos mismos amigos y partidarios, en el que se asentara de manera contundente que él estaba “facultado por la nación para darle la forma de gobierno que creyese más conveniente”, pero no lo consideró necesario por el momento, pues le bastaba saber que, también en un decreto, el mismo Consejo de Estado le otorgaba “el tratamiento de Alteza Serenísima”. Por lo pronto, con eso era suficiente.
Así, a través de decretos, gobernó México, sí efectivamente, se trata de Antonio López de Santa Anna. Durante su última estancia en la presidencia de la República, entre el 21 de abril de 1853 y el 12 de agosto de 1855. ¿Acaso pensaron por un momento que se trataba de algún dirigente contemporáneo mis estimados lectores?
El juicio del ilustre jurista, Felipe Tena Ramírez, en sus Leyes fundamentales de México, es claro y definitivo, pues afirmó que “Santa Anna se encomendó a una serie de decretos” para “adoptar la dictadura”. Por supuesto, el curioso lector puede comprobar todos los decretos que han sido mencionados en este texto en los volúmenes 6 y 7 de la famosa obra de Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, donde hallará muchísimos más ejemplos, algunos sumamente interesantes y hasta divertidos.
Claro está que esto es simplemente pasado, pues bien sabemos que la historia no se repite. Al menos eso dicen….
