El periodismo sin protección del Estado

No hay peor censura para el periodismo que el asesinato de un periodista. La agresión a cualquier comunicador atenta contra un derecho constitucional -la libertad de expresión-, inhibe el quehacer periodístico, alienta la autocensura y crea zonas de silencio. El asesinato de tres reporteros en los últimos días y la muerte frustrada de un cuarto informador crean un ambiente de intolerancia que demerita nuestra democracia, pone en riesgo la gobernanza y fractura la paz social.
El asesinato de comunicadores se convierte en una práctica cotidiana para acallar la denuncia de conductas ilícitas, la corrupción política y los negocios del crimen organizado. Las investigaciones ministeriales apuntan a que la delincuencia organizada, los mandos policiacos y las autoridades -mayoritariamente estatales y municipales-, son los autores intelectuales y materiales del mayor número de homicidios contra los trabajadores de los medios de comunicación.
Sin embargo, reconocido por el propio gobierno federal, el índice de impunidad de estos arteros ataques es del 94 por ciento. Pocos son los casos donde se detiene a los responsables del delito, menos los que son sujetos a proceso y casi el cero por ciento obtiene una sentencia. El Estado mismo fomenta la impunidad de este ilícito y desprotege la función social de los periodistas, quienes prefieren no investigar o no escribir sobre temas políticos, policiacos o del narcotráfico.
Desde hace diez años, se creó el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, no ha sido una medida que realmente dé seguridad a los comunicadores ni ha desalentado la comisión de las agresiones. La actual administración realiza una consulta para enviar una iniciativa al Congreso y se expida la nueva Ley General que sustituya al actual Mecanismo, para lo que invitó al gremio periodístico a participar. Inicialmente hubo apatía y fue muy desangelada la intervención de algunos comunicadores, pero seguramente después de lo ocurrido se incrementarán las aportaciones.
Pero el problema no es de legislación, sino de contar con un reglamento que le dé operatividad y tener una política pública de prevención en materia de seguridad. La ley por si misma no es garantía de que disminuirán las agresiones o se vaya a inhibir el delito, por lo que se deben aplicar medidas cautelares para una base de datos real que marque los focos rojos y atenderlos inmediatamente y no tener dos años sin respuesta como sucedió con la comentarista tijuanense Lourdes Maldonado o su paisano Margarito Martínez, a quien le negaron la protección que solicitaba.
En realidad, el Estado nunca ha reconocido la importante función social del periodismo, y lo comprobamos cuando no hay una cifra confiable de bajas en el gremio. Lo mismo se maneja 28, 47, 52, 54; lo que menos importa es el número, uno que fuera es más que suficiente para que la maquinaria de Estado se movilizara para esclarecer el ataque y tomar medidas preventivas con el resto de reporteros u opinadores. Los comunicadores no son ciudadanos de excepción, hay que castigar cualquier homicidio doloso, pero por su labor informativa, es fundamental que se proteja a este sector. El gobierno debe dar certeza al ejercicio profesional del periodista y no permitir que el crimen organizado, los corruptos mandos policiacos o malas autoridades estatales y municipales cuarten la libertad de expresión. El informador solo es mensajero, no maten al mensajero, así no se calla la verdad.
Las espontáneas manifestaciones de protesta de los periodistas en 50 ciudades en demanda de seguridad y respeto a su trabajo, renuevan las esperanzas de contar con una prensa crítica y libre. Y muestran que, a pesar de los asesinatos, optarán no por escribir en papel pautado, sino por el otro lado.