Los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD –que conforman la alianza Va por México– solicitaron formalmente, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, promueva la demanda de controversia constitucional contra el llamado “Decretazo”.
Los líderes de las bancadas de oposición argumentaron que este “decretazo” consideran que ese acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene la Ley de Seguridad Nacional y establece “un régimen de excepción” para todo lo que determine el gobierno federal.
El gobierno federal publicó el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México, asociados a infraestructura.
“Con este fin, el decreto gubernamental instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización, permisos o licencias provisionales, de manera “
‘fast track’, en un plazo máximo de cinco días hábiles, para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno de México. Estos documentos tendrán una vigencia de 12 meses, tiempo en el que habrán de obtener las autorizaciones definitivas”, de acuerdo con la disposición oficial.
Rubén Moreira, del PRi, Jorge Romero, del PAN, y Luis E. Cházaro, del PRD, advirtieron que las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales, además de que exceptúa por decreto el cumplir los requisitos establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, por simple enunciación presidencial, como prioritarios y de seguridad nacional.
“Se vulnera el marco normativo que establece que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgaran si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia, por lo que no habrá evaluaciones de impacto ambiental ni de impacto social de los proyectos y con las autorizaciones provisionales, se crea una figura no prevista en la ley.
“Al catalogarse como de interés público y de seguridad nacional esos proyectos podrán ser clasificados y la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, y en consecuencia se alentará la opacidad”, señaló la coalició.
No es legal ni constitucional que el Ejecutivo Federal cree excepciones mediante acuerdos unilaterales y sin fundamento legal, enfatizaron.
Agregaron que el acuerdo también viola las atribuciones conferidas exclusivamente al Poder Legislativo al instruir la realización de acciones sin atender o subordinarse a las leyes que emanan de la Constitución y quebranta el principio de división de poderes.
Señalaron que los argumentos que ofrecen están respaldado por especialistas en materia jurídica y colegios de profesionistas en derecho. El plazo de presentación de la demanda vence el próximo 19 de enero de 2022.
