La bancada del PAN en el Senado emplazó a Olga Sánchez Cordero, presidenta de esta cámara, a que presente una controversia constitucional para impugnar el “decretazo” que protege las megaobras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, el Grupo Plural en voz del senador Gustavo Madero, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador, dar marcha atrás al “decretazo”.
“Y repudiamos este tipo de acciones, de simulaciones, de combate a la corrupción, solapando la corrupción, tapando la información, la transparencia, los datos, permitiendo los abusos, permitiendo las asignaciones directas, utilizando al Ejército como el mayor contratista para que nada se sepa y a parte establecer una Presidencia de privilegios, él quiere que todos nos sometamos a reglas menos él, lo hace de una manera ilegal, no tiene sustento jurídico asumir como seguridad pública cosas que no lo son. Tenemos una incontinencia presidencial autoritaria y mientras no generemos una reacción de repudio a este tipo de abusos no lograremos detenerlo y va ser expansivo, va a ser incontrolable hasta que sea demasiado tarde”.
Julen Rementeria, coordinador del PAN, fijó la postura de su partido sobre este acuerdo que considera de interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras de esta administración.
El legislador por Veracruz calificó el “decretazo” de autoritario, que bajo el pretexto de la seguridad nacional, busca blindar todos los proyectos de infraestructura para ocultar las verdaderas implicaciones de su ejecución.
Aseveró que el acuerdo atenta contra el medio ambiente, los derechos humanos, la eficiencia gubernamental, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y el patrimonio de los mexicanos.
Declaró que el “decretazo” es verdaderamente de escándalo y algo brutal contra el país.
Afirmó que el acuerdo “a todas luces es inconstitucional”, por lo que emplazó a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado a detenerlo.
“Aquí quiero hacer un llamado a todas aquellas instancias que tienen la posibilidad y la obligación a la luz de la evidencia de intentar detenerlo planteando una controversia constitucional y empiezo por la presidencia de esta Cámara de Senadores, por la senadora Olga Sánchez Cordero, ella tiene la facultad, la posibilidad y la obligación de hacerlo ante la evidente constitucionalidad que tiene este acuerdo”.
