A pocas horas de que la ONU conmemorara en el mundo el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, dos arteros asesinatos de comunicadores cimbraron al gremio ante la vulnerabilidad que hay para realizar el ejercicio profesional de informar.
La UNESCO reconoce que en tres lustros fueron sacrificados mil doscientos trabajadores de los medios de comunicación, y en el presente año suman 62. En México, de 2019 a la fecha han acribillado a cincuenta periodistas. Las cifras en el orbe y en nuestro país tienen un común denominador: el 90 por ciento de los casos quedan impunes.
Para muchas organizaciones de informadores como La Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Frontera y Artículo 19, entre otras, aquí es el lugar más peligroso para cumplir con la labor de comunicar, incluso igual o peor que en naciones en conflictos bélicos, con guerras civiles o inestabilidad política. Difícil comprobar esa realidad, pero es consuelo de tontos suponer que otros están peor. Dos cosas deben, más que preocupar, ocupar al gobierno y a la sociedad, una es garantizar el ambiente propicio para que se ejerza libremente el periodismo y crear mecanismos eficientes de prevención de agresiones y que cuando estas se lleven a cabo, no queden impunes.
La Secretaría de Gobernación hizo un llamado a los integrantes del Comité del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para reformar y eficientar dicha instancia, en virtud de que “no se ha podido remontar los niveles de impunidad en las agresiones”. La misma SEGOB reconoce una impunidad del 90 por ciento.
Las Naciones Unidas tienen identificados como móviles de los atentados las investigaciones que hacen los reporteros sobre corrupción, la trata de personas, las violaciones a los derechos humanos o temas sobre el medio ambiente. En México no es distinto el origen de las agresiones, ya que en la mayoría de los casos aparecen como responsables el crimen organizado y autoridades locales.
Organismos internacionales atribuyen la impunidad en los delitos contra comunicadores a la corrupción que hay en las policías, los ministerios públicos y en todo el sistema judicial, la insuficiencia de recursos humanos y financieros en las estructuras indagatorias de gobierno, la poca transparencia en los procesos de investigación, la falta de conocimientos, capacitación y especialización de los servidores públicos que atienden estos casos como ilícitos comunes y no por la naturaleza del ejercicio de una profesión.
Mientras no se corrijan esas deficiencias, no se podrá reducir la violencia e impunidad en estos crímenes, que no únicamente son los homicidios dolosos, sino las amenazas, las intimidaciones, el acoso, las agresiones a familiares, el secuestro, la tortura, la persecución o los encarcelamientos injustos. Esta presión a los informadores, antes de llegar al asesinato, provoca lo que los analistas de la UNESCO llaman las zonas de silencio, es decir, la delincuencia crea tal clima de miedo entre los profesionales de la comunicación que los obliga a la autocensura e impide el libre manejo de la información, la expresión auténtica de las opiniones o las ideas.
Las altas tasas de impunidad evocan el artero crimen del columnista Manuel Buendía hace casi cuarenta años y todavía hay dudas sobre su esclarecimiento y la falta de autores intelectuales en la cárcel, o el asesinato con tintes de narcopolítica de Héctor Félix Miranda, “El gato Félix”, periodista de la revista Zeta de Tijuana, cuyo perpetrador sigue impune desde hace tres décadas.
La función social del periodismo debe estar garantizada por el Estado mismo, ya que una sociedad bien informada es señal de una democracia sana. Los atentados contra los comunicadores son agresiones a la colectividad, a la paz pública y a la convivencia pacífica.
