La inseguridad afecta al Estado de Derecho y provoca la limitación de inversiones que generan oportunidades de empleos, afirmó el diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI).
En un comunicado, recordó que en el Proyecto Justicia Mundial, en la categoría de orden y seguridad, México obtuvo un descenso en su evaluación.
Iriarte Mercado aseguró que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de las y los mexicanos, incluso por encima de la volatilidad económica y el coronavirus, por lo que reconoció que la Comisión de Seguridad Ciudadana tiene la gran responsabilidad legislativa de abonar a la pacificación del país.
Tras la instalación de esta instancia legislativa, el priista indicó que la respuesta del Estado mexicano para mitigar este problema social lleva años, con resultados insuficientes y, por ello, las y los ciudadanos manifiestan su intranquilidad en diferentes foros y espacios.
Esto nos obliga, subrayó, a asumir una gran responsabilidad para responder a la demanda de millones de mexicanos, de una vida con paz y tranquilidad, que revierta la inseguridad que afecta al Estado de Derecho y provoca la limitación de inversiones que generan oportunidades de empleos para las y los mexicanos.
Ante la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, destacó que en el índice del Estado de Derecho 2021, que incluye el Proyecto Justicia Mundial, en la categoría de orden y seguridad, México obtuvo un descenso en su evaluación; además de registrar una baja en el indicador Ausencia de Corrupción, el cual analiza la prevalencia de distintas formas de corrupción pública y privada.
Por ello, adelantó que en esta comisión su partido va a insistir en el único factor insustituible en la seguridad pública, particularmente en la preventiva, el factor humano, y en el compromiso de realizar un trabajo legislativo, con una visión de oportunidad para que las y los mexicanos recuperen el estado de paz y tranquilidad que merecen.
Iriarte Mercado resaltó que también se tienen que sumar condiciones dignas y que favorezcan a un desarrollo profesional y personal de quienes integran las instituciones policiales, en un marco de legalidad, disciplina y de incentivos a su labor, darle certidumbre en su vida profesional y, por qué no, en su vida patrimonial, que fortalezca su vocación de vida.
