Al ser un país de tránsito, México debe prestar especial atención a la frontera sur para preservar el estado de derecho y vigilar que se respeten los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños migrantes, afirmó la senadora Indira Kempis Martínez, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género.
Durante la última mesa del Seminario virtual “El fenómeno migratorio visto desde la frontera sur”, la legisladora de Movimiento Ciudadano indicó que derivado de la pandemia por Covid-19, la cual hizo evidentes las desigualdades, se abrió el debate para abordar el tema de salud en la frontera.
En la mesa denominada “Mujeres y niñez en contextos fronterizos de movilidad-inmovilidad: una mirada al acceso a la salud en y desde la frontera sur de México”, la senadora urgió a atender la violencia sexual contra las mujeres en tránsito por nuestro país.
Además, pidió trabajar para solventar las diversas dificultades que sufren las mujeres y niñas migrantes como la falta de canales de denuncia, la carencia de insumos de higiene menstrual, el cuidado de las personas con VIH, la salud mental y reproductiva, así como la atención de salud materno-infantil para prevenir embarazos.
Afirmó que la protección a las mujeres, niñas y niños migrantes es un gran reto, ya que se trata de un tema que no se atendió debidamente en décadas. Por ello, dijo que deben trabajar con empatía y sensibilidad hacia esta realidad, sin dejar de lado los datos y los argumentos, para alcanzar los acuerdos políticos que permitan solventar este problema.
En ese sentido, Kempis Martínez confió en que las opiniones vertidas a lo largo del seminario servirán a las senadoras y los senadores para formular propuestas legislativas que mejoren la vida de las mujeres que no son visibilizadas.
Adriana Marcela Velásquez Morales, investigadora asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales El Salvador, dijo que las mujeres e infantes migrantes se desconocen como sujetos de derecho desde que están en su país de origen, lo cual se acentúa en las naciones de tránsito y de destino, donde a menudo sufren xenofobia.
Esto se agrava, detalló, por la precariedad persistente en los sistemas de salud del sur de México, la cual no afecta sólo a las y los ciudadanos nacionales, sino a las personas migrantes. Esto dificulta el acceso de las personas en tránsito a consultas, exámenes y tratamientos, ya sea por la falta de insumos y especialistas, o por la de recursos económicos.
Dominga Austreberta Nazar Beutelspacher, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), pidió tomar en cuenta la creciente población inmigrante proveniente de Centroamérica en Chiapas, para incrementar el personal médico en las unidades de primero y segundo nivel de atención.
Es necesario modificar el criterio de asignación de núcleos básicos, es decir, médicos y enfermeras, considerando a la población asentada, en tránsito, solicitante de asilo o refugiada. En ese sentido, destacó el proceso de reconversión y construcción de más de 40 unidades médicas en Chiapas, a cargo de los gobiernos estatales y municipales.
Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura de ECOSUR, propuso reformar la Ley de Migración para establecer que las personas migrantes tengan derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria.
Además, pidió formalizar las unidades de salud transfronterizas para que los países de la región aborden, en cooperación, los problemas prioritarios de salud y emergencias epidemiológicas, los cuales deberán contar con participación social e intersectorial y con recursos financieros y humanos.
