Octavio Campos Ortiz…
El crimen organizado atenta abiertamente contra el ejercicio periodístico y convierte a México en el país más inseguro para los profesionales de la comunicación. Corresponde al Estado garantizar el desempeño laboral de los informadores en un clima de seguridad que permita a los medios masivos y digitales cumplir con su la función social, además de preservar la integridad física y patrimonial del gremio, así como la de sus familias. Asignatura todavía pendiente para las autoridades.
Un estudio de la consultora enkoll demuestra que nuestro país es el más inseguro del continente americano, donde más peligra la libertad de expresión y el tercero en el mundo, solo después de Irak y Siria, naciones que están en guerra civil, conflictos armados o mantienen una inestabilidad política. Pero también estamos por encima de otros Estados donde hay luchas intestinas o panoramas bélicos multilaterales como Afganistán, Somalia y Pakistán. En el hemisferio occidental, específicamente América, somos el número uno en atentados contra periodistas, muy por encima de Colombia, Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador. Nicaragua o Argentina, incluso hay más comunicadores asesinados aquí que en los Estados Unidos.
México vive una época de enorme violencia provocada por el crimen organizado, producto de sus masacres, enfrentamientos entre cárteles rivales y asesinatos de civiles inocentes, además ha generado una extremada violencia política con la ejecución de personajes públicos, policías, jueces, líderes sociales y también periodistas, quienes, con su profesional trabajo, han dado testimonio y denunciado sus actividades ilícitas y documentado la penetración del narcotráfico en la vida política del país.
Desde el 2000 se ha recrudecido la violencia contra los comunicadores y 2017 fue el peor año para los informadores, seguido del 2019. Este año tampoco es mejor. La firma de los atentados no deja lugar a duda de su origen, no solo por su crueldad sanguinaria, sino por el trabajo de las víctimas. Del total de asesinatos, más del noventa por ciento de los comunicadores cubrían temas de seguridad, narcotráfico, política, crimen y nota roja. Áreas de investigación donde actúa la delincuencia.
Casi el 60 por ciento de los reporteros u opinadores afectados laboraba en medios impresos, el 18 por ciento incursionaba en los medios digitales y similar porcentaje se observó en la radio, los menos afectados fueron los que reporteaban o comentaban en la televisión. Del total de las víctimas, el 92 por ciento fueron hombres y el resto mujeres. El top ten de los estados con más agresiones son Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Coahuila y el Edomex.
A la violencia que genera el crimen organizado contra el ejercicio periodístico se suma la inacción gubernamental que propicia el 98 por ciento de impunidad, la falta de protocolos que prevengan los ataques contra la libertad de expresión o den protección a los comunicadores. El desdén y críticas infundadas que hay de las autoridades por la labor informativa hace que el Estado esté en deuda con quienes cumplen con una función social y los deja en total indefensión.
Pero como dice el historiador Enrique Kauze, “ser periodista en México significa ejercer una profesión peligrosa, pero el ambiente hostil para la libertad de expresión es también un estímulo para seguir con el ejercicio de la crítica”.
Un baluarte de la vida pública nacional es el periodismo, no permitamos que el crimen organizado, la inacción o confronta gubernamental atenten contra la libertad de expresión, porque sale pierde nuestra la democracia.
