El pleno del Senado aprobó con 106 votos en pro la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que fue devuelta a la Cámara de Diputados con 28 modificaciones.
La mayoría de Morena y el bloque de contención alcanzaron consensos y presentaron al pleno una adenda para salvaguardar el federalismo.
Así, la Cámara de Diputados enunciará únicamente los procesos de declaración de procedencia que resuelva y comunicará a las legislaturas locales para que estas, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
En la minuta remitida por la legisladora al Senado se obligaba a los Congresos locales a acatar las decisiones de las declaraciones de procedencia, con el propósito de no frenarlas.
La priísta Claudia Ruiz Massieu, afirmó que sin las modificaciones que se consensuaron, la ley se usaría para propósitos políticos ajenos a los establecidos en la Constitución.
“De haberse aprobado en los términos de la colegisladora se corría el riesgo de que estos procedimientos pudieran ser usados con propósitos políticos, ajenos a los de su objeto constitucional. Era seguro que el destino del decreto en los términos del dictamen original habría sido la impugnación ante la Suprema Corte. La minuta remitida por la Cámara de Diputados contenía importantes inconsistencias, albergaba deficiencias técnicas. Pero, sobre todo, contemplaba evidentes inconstitucionalidades violatorias de los principios en que se funda el Pacto Federal. En este nuevo proyecto se brinda la certeza jurídica necesaria para los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia sin violentar la norma suprema”.
