Es necesario definir con claridad que la promoción, respeto y protección de los derechos humanos son una prioridad en la política exterior de nuestro país, pues, en ocasiones, el principio de no intervención se ha utilizado como pretexto para tolerar los abusos y arbitrariedades de regímenes autoritarios, consideró la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge.
Desde que la Doctrina Estrada se consignó en nuestra Constitución, refirió, el orden mundial se ha transformado de forma vertiginosa. México firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, abriéndose así al comercio libre de aranceles, y ahora múltiples acuerdos comerciales nos ubican como una de las naciones más abiertas del planeta.
A pesar de los cambios en el orden global y del papel cada vez más relevante de nuestro país en el mundo, señaló la senadora del PAN, “nuestros principios de política exterior se ubican todos en un mismo nivel de prioridad, por lo que pueden ser aplicados y manipulados pragmáticamente ante cualquier situación”.
Cruz Blackledge mencionó que, en el caso de Venezuela, la postura de México ante la crisis que se dio en esa nación, en 2019, lo llevó a aislarse de la comunidad internacional, porque no se sumó a la propuesta de varios países para desconocer al gobierno de Nicolás Maduro.
No obstante, de forma incongruente, México fue sede para las negociaciones entre el gobierno oficial de Venezuela y la oposición. “Estos vaivenes en materia de política exterior, además de aislarnos de la comunidad internacional, dan señales inequívocas de incongruencia y nos alejan de una política exterior principista”.
“Hoy nuestro país es una nación que aplica de forma pragmática los principios de política exterior, utilizándolos a modo, en ocasiones violándolos de manera flagrante”, aseveró la legisladora.
En un mundo conmocionado por la más grande pandemia de este milenio, Cruz Blackledge asentó que los derechos humanos son quizá la más importante agenda en materia de política exterior.
Por lo que presentó una iniciativa para reformar el artículo primero de la Carta Magna y establecer que, en materia de política exterior, la promoción, respeto y protección de los derechos humanos tendrá prioridad sobre los principios establecidos en esta Constitución, propuesta que fue turnada de manera directa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
