La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, indicó que el Poder Legislativo tiene como una de sus más grandes responsabilidades adecuar el marco jurídico a la realidad social, por ello, sin importar su integración o conformación, requiere dar continuidad y seguimiento a las reformas aprobadas por Legislaturas anteriores.
Al participar en el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatura”, informó que la LXIV Legislatura concluirá con 46 pendientes, de los cuales 5 están dentro del tiempo previsto para su cumplimiento y 41 con plazos vencidos que vienen desde 2014.
Subrayó que atender esos asuntos es básico para el fortalecimiento institucional del Poder Legislativo y particularmente de la Cámara de Diputados, porque “no podemos darnos obligaciones y luego incumplirlas”.
Logros en materia de justicia
En el rubro de justicia, la diputada presidenta estimó que se concluirá con grandes avances, porque la Legislatura discutió y aprobó reformas de gran calado que requirieron Parlamentos Abiertos, construcción de consensos e intensos debates en el Pleno.
“Ha aportado grandes avances al sistema de justicia mexicano con reformas en temas de igualdad, redefinición del delito de feminicidio, regulación de violencia digital, un nuevo marco jurídico para el Poder Judicial Federal, y leyes orgánicas para la Fiscalía General de la República”, comentó.
Explicó que las reformas constitucionales, los regímenes transitorios que acompañan las modificaciones legales, así como las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad, se convierten en pendientes institucionales que la LXIV Legislatura por diversas razones no puedo desarrollar hasta su resolución.
Mencionó que los siguientes asuntos deben transitar a la LXV Legislatura como pendientes institucionales:
• Expedir la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato; la Ley General de Seguridad Privada;
• También expedir la Ley General de Personas Jóvenes y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
• Hacer reformas sobre la reelección consecutiva de legisladoras y legisladores;
• Adecuar las leyes para el cumplimiento de disposiciones de la Ley General de Educación Superior;
• Realizar adecuaciones legales en materia de paridad de género;
• Expedir la Ley General para la Organización y Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros Municipales;
• Asimismo, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pendiente desde 2014.
Además, derivado de resoluciones de la SCJN se requiere:
• Expedir Código Único en materia Familiar y Civil, cuyo plazo es el primer periodo ordinario de la próxima Legislatura;
• Revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y su fundamento constitucional; así como los artículos declarados inconstitucionales de la Ley General de Educación;
• Adecuar las leyes generales y federales en materia de justicia cotidiana y solución de fondo de conflictos.
Además, precisó la diputada Dulce María Sauri Riancho, la SCJN tiene pendiente de resolver acciones de inconstitucionalidad a la legislación secundaria de la Guardia Nacional, que son: las leyes nacionales de Registro de Detenciones, del Uso de la Fuerza, y la Ley de la Guardia Nacional. También se deben atender las definiciones de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y del uso lúdico del cannabis.
Consideró que los pendientes son muchos y es una agenda derivada de mandatos legales que no pueden ser evadidos, porque “cuando el Poder Legislativo es omiso la ciudadanía puede exigirle cumplir y superar las omisiones, lo que produce escenarios rígidos y prisas innecesarias que impiden los consensos y creación de leyes sólidas para la ciudadanía”.
Por esa razón, expresó la diputada presidenta, “hay que preguntarnos si se requiere la creación de algún mecanismo parlamentario que obligue a la legislatura que aprueba los regímenes transitorios a no dejar pendientes y cumplir con la armonización, adecuación o expedición en los plazos establecidos”.
“Tal vez se requiere considerar sanciones a las Legislaturas que no cumplan con el mandato o, incluso, pensar en un mecanismo que permita a la ciudadanía activar al interior del Congreso, mediante solicitud expedita, la priorización de los pendientes, una especie de iniciativa preferente”, mencionó.
Es un hecho que debe transitarse hacia un esquema que permita dar seguimiento y sobre todo cumplimiento a los pendientes institucionales. “Nosotros no pudimos hacerlo, a pesar de los esfuerzos. La elección consecutiva ayudará, porque numerosas legisladoras y legisladores que conocen de primera mano los pendientes serán parte de la LXV Legislatura y tendrán la responsabilidad de concluir lo que ésta no pudo”.
