Todo Estado de Derecho se fundamenta en el contrato social, la renuncia voluntaria de los gobernados a los derechos naturales para regirse por normas legales comunes que reconocen en las instituciones el principio de autoridad y la impartición de justicia.
La Constitución es el instrumento con que cuenta el ciudadano para acotar los abusos de poder. Sin embargo, los tiempos modernos obligan a una revisión de ese contrato para avanzar en la construcción de nuevos consensos que revitalicen la gobernanza, garanticen la paz social y den certeza jurídica real.
Nuestra democracia como forma cotidiana de vida atraviesa por una de sus peores crisis, no solo por el retroceso económico o los efectos de la pandemia, sino por el resquebrajamiento de las instituciones, la pérdida de valores sociales, sobre todo el principio de autoridad, y la inoperatividad de una anquilosada burocracia que no puede encauzar las demandas ciudadanas ni resuelve los grandes problemas estructurales.
El gobierno pierde cada vez más su representatividad y la gente se aleja de la participación política para discernir sobre la agenda nacional.
La crisis del sistema de partidos, la obsolescencia del marco legal, la desobediencia de las autoridades a los límites que le marca la Ley Suprema hace que los gobiernos naufraguen en su función de mantener la gobernabilidad del país.
Los nuevos regímenes llegan con menos legitimidad, enfrentan retos como el crimen organizado, el cual se ha convertido en un poder fáctico que desplaza a las autoridades civiles y genera un clima de violencia que vulnera la tranquilidad social.
La inseguridad es el talón de Aquiles de esta administración, la cual es considerada como la más sangrienta de las última dos décadas. Una fallida política pública de seguridad no puede contener los homicidios dolosos, los feminicidios, la violencia política o la intrafamiliar.
El ciudadano de la calle se siente en estado de indefensión no únicamente ante los grupos criminales, sino con el delincuente común, el que lo asalta en el transporte público, en su casa, en la vía pública.
Ese sentimiento de inseguridad y la falta de soluciones gubernamentales lo ha llevado a romper el pacto social y hacer justicia por propia mano. Por ello vemos el surgimiento de las autodefensas -que además de ilegales son violentas con quienes dicen defender-, o las comunidades indígenas que regresan a sus usos y costumbres para aplicar la ley e imponer justicia o desconocer a autoridades electas y designar a sus autoridades, amén de los enfrentamientos religiosos o políticos que provocan desplazamientos forzados.
Cada vez es más común saber de justicieros anónimos que eliminan a asaltantes de combis o el linchamiento que hacen pobladores de presuntos rateros, violadores o secuestradores de niños.
La geografía delictiva nacional hace suponer que no hay gobernabilidad, por lo cual es urgente construir nuevos consensos sociales para garantizar la gobernanza que posibilite el regreso al Estado de Derecho, donde se restablezca la convivencia pacífica y la autoridad civil cumpla con su función constitucional de preservar la vida y el patrimonio de los gobernados, es decir, proporcione una verdadera seguridad pública.
Nadie por encima de la ley, ni la sociedad ni el gobierno. Debemos pensar en una reforma constitucional de gran calado que relegitime a los gobernantes para que ejerzan su función sin amenazas ni presiones, pero con límites a ese poder.
La nueva democracia a la que aspiramos requiere de una moderna Constitución que dé vida a la República representativa, eso es lo que hay que discutir y poner a consulta, no ejercer un presidencialismo omnímodo cuando se ha perdido la base social.
