Por Luis Muñoz…
La crisis generalizada de los países latinoamericanos ha vuelto a poner en boga nuevamente la alternativa cooperativista y autogestionaria, en medio de la desesperación social, del hundimiento de la productividad, las altas tasas de desempleo y la marginalidad de nuestras sociedades, lo cual nos obliga a reflexionar acerca de una alternativa más viable, más justa y más humana.
Ese era el planteamiento de hace algunos ayeres.
Hoy, una doble crisis: la sanitaria por el coronavirus y la económica derivada de ésta, causó estragos en el mundo, en los países de la región y por supuesto en México.
Sin embargo, como en aquel entonces, las cooperativas son reconocidas como un motor económico indispensable para el país, porque generan empleo, aportan al desarrollo de las comunidades y facilitan el acceso de la población a distintos servicios y productos financieros que les mejoran la vida.
Pero no todo es como lo pintan.
El gobierno de la 4-T disminuyó el presupuesto al Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), el cual pasó de mil 979 millones en 2018 a 784 millones en 2019 y a 139 millones en 2020. (La Jornada 13/7/21)
No es ninguna novedad que el sector cooperativista se encuentra ausente del discurso oficial, a pesar de que en México existen 18 mil cooperativas con ¡8 millones de socios!
Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el segundo país más desigual entre los integrantes del Organismo, solo superado por Chile.
Sin embargo, la diputada federal Nancy Yadira Santiago, asegura que “el cooperativismo es fundamental para poder reactivar y reforzar la economía del país”.
Durante la clausura de los trabajos de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados, la legisladora de Morena, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, dijo que en las audiencias públicas que se realizaron sobre el tema, se tomó en cuenta la opinión del sector cooperativista y esa fue la base para lograr el trabajo que se concretó en una ley general que ya no se pudo votar por falta de tiempo, “pero ahí queda para continuar como un fundamento para la próxima Legislatura”.
En cambio, la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, estimó que el cooperativismo como política de Estado puede llegar a resolver “muchos problemas” (sin especificar cuáles).
Reconoció el esfuerzo de todas y todos por darle un cambio a la política y pidió asumir el compromiso de no dejar de lado la visión de Estado sobre la importancia de las cooperativas.
A su vez, Carmina Yadira Regalado Mardueño, legisladora integrante de la Comisión, recomendó a todas y todos: “apoyemos a las cooperativas desde nuestras trincheras, desde donde estemos. Y que las personas que continúan, aterricen las iniciativas para bienestar de todas y todos los ciudadanos”.
Las diputadas panistas, Ana Paola López Birlain y Gloria Romero León, reconocieron que, desafortunadamente, le faltó tiempo a esta Legislatura para concretar el gran esfuerzo que se hizo para darle voz a todo el sector. Resaltó que “hoy más que nunca México nos reclama y nos demanda que veamos a la economía con este sentido social y que les demos herramientas y oportunidades a las familias para generar ingresos dignos.
Romero León dijo que queda como tarea para la próxima Legislatura todo el bagaje que se construyó a partir de reuniones y foros en donde los sectores de la economía social y el cooperativismo se expresaron.
En similares términos se expresó la diputada Soraya Pérez Munguía, del PRI, quien agradeció el esfuerzo que se hizo durante los tres años de esta Legislatura, y al Igual que los demás integrantes de la Comisión, reconoció que quedó pendiente la posibilidad de tener una nueva ley general de sociedades cooperativas, pero “será bueno que quienes fueron reelectos puedan retomar el trabajo”, precisó.
QUE EL ESTADO CUMPLA
La Comisión Permanente debe exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a que garantice la libertad de investigación científica, tecnológica, humanística y de innovación, así como de cátedra, de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), propuso la diputada del PRI, Laura Isabel Hernández Pichardo.
Explicó que la finalidad es que el Estado cumpla con la obligación enmarcada en la Constitución Política, de garantizar y apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica.
También pidió que el Conacyt otorgue los estímulos económicos a todas las y los investigadores, integrantes del SNI, tanto de centros o instituciones públicas como privadas, sin discriminación laboral, económica, social o cultural, velando por la igualdad de condiciones, de conformidad al cumplimiento de los propósitos para el desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación.
Solicitó además que se exhorte a su titular (Dra. Elena Álvarez-Buylla) para que en la convocatoria para designar a integrantes de las comisiones dictaminadoras del SNI, se garantice la certidumbre en el proceso a los miembros del Sistema, que sea público y asegure la eficiencia y calidad de la investigación, así como la productividad y contribución al desarrollo científico, tecnológico, social y cultural de México.
