La diputada Dulce María Sauri Riancho presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a efecto de introducir “cambios estratégicos” a esta legislación, fortalecerla y corregir las “inquietudes” que ha generado.
Explicó que las modificaciones propuestas buscan aclarar el alcance de la figura de venta anticipada y eliminar los aspectos que generan discrecionalidad en su aplicación.
Además, se pretende suprimir de la ley que los gastos de administración sean asumidos por los particulares, en los casos en que la extinción de dominio derive en la restitución del bien y éste haya sido vendido de manera anticipada.
De la misma manera, la legisladora del PRI expuso que se propone dar claridad a la redacción relacionada con la colaboración de particulares y establecer el tipo de participación de las diversas autoridades que aportan elementos en la etapa preparatoria del proceso.
También, agregó, se busca sustituir el concepto de “utilización provisional” por “disposición anticipada”, así como precisar el concepto de Ministerio Público y Unidades Especializadas en materia de extinción de dominio, pues el texto vigente utiliza, de manera indistinta, este término generando confusión respecto de qué autoridad debe comparecer.
Sauri Riancho dijo que la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio fue un esfuerzo importante y necesario para dotar al Estado Mexicano de una herramienta indispensable y funcional para combatir al crimen organizado.
No obstante, ha generado fundada preocupación en diferentes sectores de la sociedad, académicos, empresarios, investigadores, partidos políticos e incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por considerar que algunos de sus aspectos y procedimientos atentan contra el debido proceso, el respecto a la propiedad privada y en general contra el Estado de Derecho.
En la iniciativa, que fue enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la diputada recordó que a estas preocupaciones se sumó la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH, la cual en días recientes fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia, quien sostiene que dicha Ley es inconstitucional.
