Por Octavio Campos..
El crimen organizado amenaza el Estado de Derecho y la sana gobernanza mediante la violencia política y las masacres de sus sicarios entre bandas rivales y contra la población civil. Si bien no vivimos un Estado fallido ni un narcoestado, lejos está la presunción de que en México se respira paz y tranquilidad.
El narcotráfico pone en riesgo la gobernabilidad en muchos municipios y entidades del país donde el poder civil ha cedido ante los grupos delictivos por miedo, amenazas o contubernio y aplican la política de “dejar hacer, dejar pasar”. El retroceso de las autoridades, lejos de apaciguar a los criminales, ha provocado un baño de sangre por el control territorial de las actividades ilícitas.
La consultora Integralia advierte sobre el riesgo de que el crimen organizado penetre en las estructuras gubernamentales con candidatos propios y revela el manejo electoral que logró la mafia en ciudades y estados con mayor incidencia delictiva y más homicidios dolosos.
La consultora resalta que el proceso democratizador que inició México en la década de los ochenta abrió espacios de oportunidad para que grupos delictivos se hicieran del control de estructuras gubernamentales como las municipales, estrategia que se ha incrementado recientemente por el crecimiento de los cárteles.
La acción corruptora del crimen -dice Integralia- busca controlar gobiernos para acceder a información privilegiada y manejar a las policías locales. El sometimiento de las autoridades no solo es con el soborno y la compra de voluntades, sino interfiriendo en las propias elecciones a través de la violencia política, el financiamiento de campañas, la imposición de candidatos y la intimidación y coacción de votantes y operadores políticos.El despacho de planeación estratégica, conflictividad social y riesgo político contabilizó en el pasado proceso electoral 239 incidentes de violencia política con 179 víctimas mortales, incluyendo a 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. ¡Cuidado!, en el 64 por ciento de los municipios donde hubo el asesinato de contendientes a las alcaldías se registraron los márgenes de victoria más altos que en el promedio nacional y sólo en diez localidades ganaron los partidos de los victimados. Eso da idea del nivel de intimidación que provoca el crimen organizado y la manipulación de los votantes.
Morena obtuvo en triunfo es seis de los diez estados con las tasas de homicidios dolosos más altas: Colima, Baja California, Zacatecas, Sonora, Michoacán y Guerrero, y en 22 de los 50 municipios con las tasas de incidencia delictiva más alta del país.
Bajo sospecha de haber recibido financiamiento ilícito durante las campañas, arriban al cargo varios gobernadores electos, entre ellos, el de Sinaloa y Chihuahua, supuestamente apoyados por el cártel de Sinaloa y Los Zetas; además fueron señalados diputados federal entrantes por sus nexos con las organizaciones Santa Rosa de Lima y Los Viagras.A ese panorama post electoral debemos sumar las masacres entre sicarios y contra la población civil, que han dejado una estela de muerte y sangre en 21 estados, como las recientemente ocurridas en Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Jalisco.
Difícilmente se puede creer que se vive un clima de paz y tranquilidad en el país. El no reconocer que la violencia política y las masacres son un problema de seguridad nacional que pone en peligro la gobernanza es tapar el sol con un dedo. La democracia corre un serio problema al ser infiltrada por los narco políticos como sucedió hace décadas en Colombia; más allá de las estridencias del mandatario Silvano Aureoles no echemos en saco roto la posibilidad de contar a corto plazo con un presidente impuesto y sometido por los barones de la droga.
