Cualquier ejercicio de participación ciudadana deberá estar respaldado con presupuesto federal y hasta en tanto, la Cámara de Diputados no asigne una partida de recursos adicional al Instituto Nacional Electoral, como órgano responsable de ejecutar este derecho constitucional, la consulta popular no se llevará a cabo.
Así lo plantea la reforma que diputados del Partido Revolucionario Institucional presentaron, mediante una iniciativa, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para adicionar el artículo 39 bis de la Ley Federal de Consulta Popular, a fin de que el INE cuente con recursos en suficiencia y pueda convocar, organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados de un referendo, así como promover la participación ciudadana.
Dicha ley entró en vigor el 14 de marzo de 2014 y garantiza a los ciudadanos el derecho de votar en torno a temas de trascendencia nacional o regional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.
Los legisladores del PRI mencionaron que la adición a la ley establece que previa solicitud fundada y motivada por el INE, la Cámara de Diputados debe asignar, como mínimo, una cantidad presupuestal equivalente al 0.015 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que se encuentre en curso.
“En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respaldamos cualquier mecanismo de participación democrática que permita garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, como lo es participar directamente en los asuntos públicos del país; y somos conscientes que para llevar a cabo estos procedimientos es necesario que la autoridad administrativa electoral, encargada de organizar la consulta popular, cuente con los recursos presupuestarios suficientes para desenvolver satisfactoriamente cada una de las etapas que implica dicho mecanismo”, subrayaron.
En la exposición de motivos se indica que la autoridad electoral enfrenta el reto de cubrir los costos inherentes a la organización de la consulta popular del 1 de agosto próximo, por un total de mil 499 millones 392 mil 669 pesos de acuerdo a la Junta General Ejecutiva del INE.
Asimismo, recordaron que la consulta popular la presentó el Presidente de la República, fue aprobada por el Congreso de la Unión y la validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, el partido en el gobierno no asignó recursos públicos para realizarla.
A pesar de que el INE presentó tres solicitudes de ampliación presupuestal, recibió un oficio del titular de la Unidad de Política y Control de Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde manifestó que no estaban en condiciones de atender la petición del organismo autónomo y sugirió a la autoridad electoral ejercer los recursos que le fueron aprobados en 2021, para cumplir con los objetivos de los programas a su cargo, entre ellos, la organización de la consulta.
