A poco más de un año de que arranque formalmente la carrera rumbo a las elecciones de 2027, el alcalde de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, enfrenta crecientes cuestionamientos por la aparente estrategia política que buscaría mantener el control de la demarcación a través de su esposa, Rosy Romero, cuyo nombre comienza a ser promovido como posible candidata para sucederlo en el cargo.
La posibilidad ha encendido alertas dentro y fuera del Partido Acción Nacional, debido a que diversos sectores consideran que una eventual candidatura impulsada desde la estructura del propio alcalde representaría un claro caso de nepotismo político, práctica que históricamente ha sido criticada por el PAN cuando se presenta en otras fuerzas partidistas.
La discusión no es menor. Coyoacán es una de las alcaldías con mayor peso político, económico y social de la Ciudad de México. Su importancia estratégica la convierte en una posición codiciada por los distintos grupos políticos, razón por la cual la posibilidad de una sucesión familiar ha comenzado a generar inconformidad entre actores partidistas y ciudadanos que exigen procesos abiertos y perfiles construidos por méritos propios.
La situación coloca al PAN frente a una contradicción difícil de explicar ante la opinión pública. Durante años, Acción Nacional ha cuestionado los llamados cacicazgos familiares y las redes de poder que se heredan entre parientes en distintos estados del país. Sin embargo, de concretarse una candidatura impulsada por el actual alcalde para beneficiar a su esposa, el discurso panista correría el riesgo de derrumbarse bajo el peso de sus propias inconsistencias.
El caso inevitablemente recuerda otros ejemplos de sucesiones familiares que han sido duramente señaladas en la política mexicana. Lo que durante años fue denunciado por la oposición como una práctica antidemocrática podría terminar reproduciéndose en una de las alcaldías más emblemáticas de la capital del país, generando un costo político significativo para el blanquiazul.
Más allá de las aspiraciones personales o familiares, especialistas y observadores advierten que la ciudadanía demanda cada vez más procesos transparentes y candidatos que lleguen a los cargos por trayectoria, capacidad y respaldo social, no por vínculos matrimoniales o relaciones de parentesco con quienes actualmente ostentan el poder.
La percepción de que una alcaldía puede convertirse en patrimonio político de una sola familia representa un riesgo para cualquier partido. En un contexto donde la exigencia ciudadana apunta a combatir privilegios y prácticas de élite, una eventual candidatura construida bajo la sombra del favoritismo familiar podría convertirse en un argumento electoral para los adversarios y en un factor de desencanto para el propio electorado opositor.
Coyoacán enfrenta así una discusión de fondo: decidir si la alternancia y la competencia democrática deben prevalecer sobre los intereses de grupo, o si la alcaldía continuará atrapada en una lógica donde los cargos públicos son vistos como posiciones heredables.
Porque cuando un gobernante pretende que el poder permanezca dentro del círculo familiar, la pregunta deja de ser quién será el próximo alcalde. La verdadera pregunta es si el servicio público está al servicio de los ciudadanos o de una sola familia.
