– Señala a Julio Berdegué por criterios inequitativos en acopio
El senador Mario Vázquez hizo un señalamiento firme sobre las irregularidades en la implementación del programa de precios de garantía para el frijol, particularmente en la asignación de volúmenes de acopio entre estados productores.
“De acuerdo con estimaciones del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, Zacatecas producirá entre 300 mil y 400 mil toneladas de frijol, de las cuales únicamente alrededor de 150 mil serían cubiertas por el esquema de precios de garantía. En el caso de Durango, con una producción estimada de entre 120 mil y 200 mil toneladas, el acopio contemplado ronda las 40 mil toneladas”, detalló.
Y en contraste, el legislador se refirió a Chihuahua, su estado, sobre el cual dijo: “hay una producción estimada de entre 80 mil y 100 mil toneladas, y apenas cuenta con una previsión inicial de acopio cercana a las 8 mil toneladas, lo que evidencia una clara disparidad en la aplicación del programa”, acusó.
Lo anterior durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Rural, en donde se emitió un posicionamiento crítico hacia la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y su titular, Julio Berdegué, por los criterios utilizados en la asignación del acopio de frijol a nivel nacional, los cuales —se advirtió— generan inequidad entre productores y limitan el acceso efectivo a los precios de garantía.
Mario Vázquez subrayó que el planteamiento no es reducir los volúmenes asignados a entidades como Zacatecas y Durango, sino corregir la desigualdad mediante el incremento del acopio para el estado de Chihuahua, y así garantizar condiciones más justas para sus productores.
Como resultado de la intervención, del legislador panista, la Comisión acordó hacer un llamado al titular de la SADER a fin de que informe sobre los criterios de asignación del programa y garantice su correcta operación, y se garantice que los beneficios lleguen de manera directa a los productores y no se distorsionen por intermediarios.
El posicionamiento enfatiza que los esquemas de precios de garantía, establecidos en la ley, deben aplicarse con equidad y transparencia para cumplir su objetivo de proteger el ingreso de los productores y fortalecer el desarrollo rural del país.
