Por Adrián Trejo…
El hermano de Andrés Manuel López Obrador, Pío, grabado recibiendo sobres repletos de billetes, quiere aparecer como “víctima de un montaje’’ luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyera que el dinero no fue a parar a las campañas de Morena.
A pesar de que el propio Andrés Manuel aseguró que el dinero eran “aportaciones ciudadanas al movimiento’’, ni el INE ni el Tribunal pudieron seguir la ruta del dinero.
No es que no pudiera haber parado en las campañas morenistas, sino que no se pudieron investigar las rutas del dinero.
Por supuesto que no, si no extendían recibos por cada paquete recibido.
Pío está lejos, muy lejos de ser una víctima del montaje que atribuye a Carlos Loret.
Tampoco se sostiene su versión de que el video en cuestión “fue manipulado’’; ni él ni ninguna autoridad lo han demostrado.
El video es original, sin ediciones, y muestra claramente cómo el hermano incómodo (el primero porque luego saldrían los otros, uno más incómodo que el anterior), se embolsaba los recursos.
Quiere que el periodista le pague cientos de millones de pesos por presuntas “afectaciones’’ a su prestigio.
Los hechos sobrevivirán a sus dichos, a pesar de una exoneración a modo de la autoridad electoral.
Como decía AMLO, puede ser legal, pero es inmoral.
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La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, volvió a levantar la polvareda pero esta vez no fue por censurar a un medio, amenazar a un reportero o diputado local.
La funcionaria, en un arranque de sinceridad (que seguro hoy le corregirán), dijo en su programa semanal que para ser candidato “ya no basta la popularidad, sino que se tiene que contar “con muchos padrinos, casi tener que ser narco’’.
Mentiras no dijo.
Exhibió una realidad que el gobierno se niega a reconocer y que no estuvo contemplada en el primer intento de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, mucho menos en la segunda.
¿Cómo puede el gobierno prevenir y en último momento sancionar la participación de la delincuencia organizada en las próximas elecciones?
La propuesta de algunos legisladores de oposición fue que el candidato a quien se comprobara financiamiento o ligas con la delincuencia, fuera descalificado o su triunfo revocado.
En el caso extremo, que los partidos políticos perdieran el registro si se comprobaran las relaciones con grupos delincuenciales.
No los tomaron en cuenta.
Es más, un caso paradigmático, que debería ser motivo de sanciones y condenas del partido en el poder, es el de Michoacán, en donde se aprobó eliminar como requisito para ser candidatos a cualquier puesto de elección popular la carta de no antecedentes penales.
¿Adivinen quién gobierna la entidad?
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¡Uy! Algún familiar de un funcionario público pidió “un favor especial’’ a alguno de los tres poderes poblanos, lo que obligó al gobernador Alejandro Armenta a salir a condenar “la extorsión y la corrupción’’.
Sin decir nombres, Armenta dijo que “la corrupción y la extorsión la tenemos que combatir y en las oficinas públicas.
“No podemos permitir que ningún familiar sean hijos, hermanos, sobrinos o ascendentes, comadres, compadres o amigos que presumen una relación de cinco, 10 o 15 años, acudan a una oficina pública, con un secretario, con la Fiscalía o al Poder Judicial, a pedir favores.
“No pueden, por el simple hecho de ser familiar del gobernador o de la esposa del gobernador, acudir como si tuvieran pasaporte a la impunidad. En caso de que soliciten un acto regular a un funcionario, a nombre de cualquier familiar Armenta, Mier o Arellano, por favor, ¡denúncienlo!’’, pidió.
Alguna familia camotera quizá pidió “la cortesía’’.
@adriantrejo
