Por Norberto López…
Senado recibió la iniciativa de reforma electoral conocida como plan B, que, entre sus cambios más relevantes, reconoce expresamente el derecho de quien ocupe la titularidad del Ejecutivo a hacer campaña a su favor durante un proceso de revocación de mandato.
Asimismo, amplía el tiempo para solicitar este mecanismo democrático desde el fin del segundo año de gobierno, y establece que el mecanismo sólo podrá activarse una vez por sexenio.
Los consejeros, magistrados y todo empleado de las instituciones electorales federales y locales tendrán
prohibido contratar seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas.
El plan B de reforma electoral también elimina los seguros de separación laboral, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que se financien con recursos públicos. Ningún funcionario electoral podrá ganar más que el jefe del Ejecutivo federal.
El Plan B electoral, ya radicado en el Senado, busca mayor fiscalización a partidos políticos y también la
formalización de acuerdos entre el INE y la UIF para investigar recursos que ingresan a las campañas.
El objetivo del Plan B, presentado por Claudia Sheinbaum, es compactar la estructura administrativa desde los municipios y los costos de órganos autónomos como el INE.
La nueva lucha legislativa que el oficialismo está buscando ahora por la vía del Senado y con, al parecer, el apoyo de los partidos aliados a Morena: Partido Verde y PT.
La reforma que ya se encuentra en la Cámara Alta plantea reducir el número de regidores en todo el país, estableciendo un límite de 15 por ayuntamiento, buscando generar ahorros que el Gobierno Federal afirma serán destinados exclusivamente a obra pública local.
Además, las legislaturas estatales también tendrían, de aprobarse esta iniciativa, un tope fijo del 0.70% del presupuesto de cada entidad para la operación de los Congresos locales, obligando a los diputados estatales a ajustar sus gastos operativos.
Un punto central de la propuesta presidencial establece que ningún funcionario del INE o Tribunales podrán percibir una salario mayor al de la presidenta de México. Además, los partidos políticos estarán obligados a transparentar los sueldos de sus dirigentes y a reportar todas sus operaciones financieras mediante un sistema bancarizado.
Sin embargo, uno de los temas más polémicos es que la propuesta presidencial define que la consulta de revocación de mandato se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno; es decir, bajo este esquema, la ciudadanía decidiría la continuidad de la presidenta en las urnas durante 2027 o 2028.
Esto genera rispidez porque llevaría a Sheinbaum a ‘hacer campaña’, pues la gente podría decidir si sale o se queda en el cargo en 2027, justo cuando se realizan las elecciones intermedias.
CSP ratificó que la segunda etapa de la elección de jueces y magistrados se mantendrá en 2027, aprovechando la jornada electoral federal para optimizar costos.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, acusó de recibida la indirecta sobre el Plan B de la reforma electoral, y es que luego de que se anunciara que el nuevo paquete de leyes caerá en el Senado de la República, donde Nacho Mier y Adán Augusto López operarían que salga sin aspavientos, el zacatecano le habría hecho saber a propios y extraños que en Palacio buscarían enviarlo a la congeladora por no poder sacar la reforma constitucional.
Pese a que no tiene planeado confrontarse directamente con el Ejecutivo, Ricardo estaría cada vez más convencido de que sus años en la política están por llegar a su fin.
Opacidad en podcast de Morena.
Mientras el discurso de la “4T” promete transparencia y austeridad, el partido guinda tiene bajo llave los costos de su podcast “La Moreniza”, el cual es conducido por Luisa Alcalde.
Morena afirma que el programa «no cuesta», sin embargo, una investigación reveló que tiene entre la producción cámaras de alta gama, microfonía profesional y recurso humano para realizarlo.
El INE tomó acciones en el caso.
Sergio Mayer dejó plantados en su comparecencia a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el proceso interno que enfrenta por haber solicitado licencia para participar en el reality ‘La casa de los famosos’. Se trata de la segunda ocasión en la que Mayer no se presenta ante el órgano partidista, lo que ha marcado el avance del procedimiento abierto en su contra por su ausencia en funciones legislativas.
El caso se da semanas después de que el legislador abandonara temporalmente su cargo para integrarse al programa televisivo, decisión que generó críticas por priorizar un proyecto personal sobre sus funciones públicas.
La Comisión puede continuar con el análisis del caso y eventualmente emitir una resolución, aun sin la presencia del legislador, conforme a sus lineamientos internos.
El cantante y actor no acudió a esta comparecencia porque argumentó que no fue debidamente notificado del citatorio.
Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron el denominado plan B electoral impulsado por el Gobierno federal, al considerar que el enfoque de la reforma está equivocado, pues prioriza el ahorro presupuestal en los congresos locales y ayuntamientos en lugar de fortalecer mecanismos para evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
Luego de que se anunciara que la propuesta llegará este martes al Senado, el legislador panista Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que Claudia Sheinbaum «se volvió a equivocar» en el diagnóstico sobre la situación electoral del país. «Otra vez se equivocó, su diagnóstico es erróneo.
CSP cree que lo más importante es ahorrar dinero en los congresos locales y en los ayuntamientos. No, Presidenta, otra vez está usted equivocada», declaróel legislador del PAN.
Sánchez Rodríguez sostuvo que la prioridad debeser garantizar que no haya recursos del crimen organizado en las campañas electorales, particularmente en los procesos vinculados con Morena.
La renuncia del director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadunidense, hasta ahora uno de los hombres clave en la estrategia antiterrorista de Estados Unidos, es una de ellas. No se trata únicamente de la salida de un funcionario: es la grieta que deja ver un debate más profundo sobre la guerra, sus razones, sus justificaciones y sus consecuencias.
Kent no es un perfil cualquiera. Su trayectoria, marcada por el combate, la inteligencia y hasta la pérdida personal, lo colocaba como una voz difícil de ignorar dentro del aparato de seguridad. Por eso su ruptura con la narrativa oficial —cuestionando la supuesta inminencia de la amenaza iraní— resuena más allá de un desacuerdo político: toca el terreno de la conciencia.
En Washington, la Casa Blanca defiende que había pruebas suficientes y figuras clave respaldan esa postura, la renuncia también revela algo más incómodo: las dudas no sólo están afuera, también viven dentro. Y llegan en un momento especialmente sensible, con episodios recientes de violencia que reavivan el miedo en territorio estadunidense.
En medio de todo el ruido provocado por las versiones encontradas, respaldos y críticas cruzadas, hay una pregunta que trasciende gobiernos, fronteras y conciencias: ¿cómo se decide una guerra y quién carga con esa decisión?
Lo que ayer mostró Kent es que hay momentos en los que la convicción personal pesa más que la línea oficial.
