Contrario a lo que sucede en México, 40 naciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se comprometieron a aumentar la inversión en educación tras la crisis provocada por la Covid-19.
Los países firmaron la llamada Declaración de París, que impulsa la asignación para educación pública de al menos el 4-6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y/o al menos el 15-20 por ciento del gasto público total, informó la UNESCO.
La directora general de la organización, Audrey Azoulay, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, copresidieron una reunión de jefes de Estado y ministros de Educación, con el objetivo de reforzar el compromiso político mundial y nacional con la enseñanza.
Sin embargo, en México los diputados aprobaron un presupuesto para 2022 que va en contra del compromiso mundial educativo para apoyar a los niños y jóvenes estudiantes.
Para 2022 el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) prevé 859 mil 453 millones de pesos para el sector educativo nacional, lo que representa un incremento, en términos reales, de 1.9 por ciento respecto al 2021, cifra alejada de la sugerencia de la UNESCO.
Los diputados federales que aprobaron estos recursos celebraron el incremento a la educación de 1.9 por ciento en términos reales pero en realidad esta solo cubrirá programas de subsidios para becas y se desecharon otros programas esenciales ante la pandemia.
De acuerdo a la organización Mexicanos Primero, hay desaparición de programas que podrían atender el rezago educativo que ha dejado la pandemia, principalmente en escuelas con graves necesidades, para poblaciones indígenas, de niños con discapacidad.
También se afectan los proyectos de recuperación de aprendizajes y las inversiones destinadas a conectividad específica para educación.
El PEF 2022 para educación no propone medidas para revertir el desajuste emocional, recuperar el ritmo y propósito grupal, superar la pérdida de aprendizaje y remontar el riesgo de abandono, “es un fracaso para los niños”, dijo Fernando Ruiz, director de Investigación de Mexicanos Primero.
Recientemente, durante su conferencia magistral “La concepción original de la SEP, a 100 años de distancia”, el senador Héctor Vasconcelos deseó que la celebración del primer centenario de la SEP, contribuya a crear conciencia para que se asignen más recursos a la función educativa.
Aunque en México 8 de cada 10 alumnos ya regresaron a clases presenciales, de acuerdo a la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, falta por determinar la calidad y cantidad de lo que los alumnos aprendieron con los programas a distancia.
Poco más de 20 millones de estudiantes, de los 24 millones matriculados para el ciclo escolar 2021-2022, que representan 83 por ciento del universo de escolapios, de acuerdo a cifras oficiales, ya está en el aula pero con programas educativos recortados.
Para la SEP, este retorno es el logro educativo más importante en el país, aunque el presupuesto para esta vuelta a clases sea insuficiente y deje fuera programas esenciales.
Las estimaciones de la UNESCO apuntan a que unos 11 millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de no volver al colegio tras la pandemia.
Los Estados miembros de la UNESCO acordaron destinar a partir de 2015 entre el 4 y el 6 por ciento del PIB o entre el 15 y el 20 por ciento del gasto público a educación, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este compromiso.
A esta falta de recursos, hay que añadirle que los paquetes de estímulo económico post COVID-19 solo destinan a educación un importe de un 1 por ciento en los países de bajos ingresos, como México, y sólo el 2,9 por ciento en los desarrollados.
Se ha hablado de las dificultades de los centros educativos, en especial los públicos, para enfrentar con éxito este nuevo desafío, pero no de la carencia de infraestructura educativa necesaria, especialmente en el área tecnológica, que tienen las escuelas en México.
La UNESCO sugiere capacitar al personal docente no cuenta con la formación necesaria en manejo de las TIC en el área educativa, tampoco el estudiantado, ya que la oferta educativa pública hasta antes de COVID-19 venía siendo esencialmente presencial.
