*La investigación de la FGR confirma el entramado empresarial de Fernando Salgado Chávez que opera entre Baja California y California.
Por Guadalupe Lizárraga
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió al menos cuatro oficios en los que cita como imputados a Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres, Ismael Burgueño Ruiz y Fernando Rafael Salgado Chávez, con fechas del 29 y 30 de octubre de 2025. Los documentos provienen de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Estos oficios confirman las líneas de investigación que Los Ángeles Press ha venido documentado desde hace seis meses, pese a los intentos de censura impulsados por el despacho estadounidense Clare Locke LLP, que el 12 de octubre de 2025 envió a esta periodista dos cartas intimidatorias. En ellas exigían “una retractación inmediata, disculpa pública y cese de toda publicación”, además de la revelación de fuentes y la revisión previa de futuros reportajes relacionados con las investigaciones sobre Fernando Rafael Salgado Chávez, operador de una red inmobiliaria transfronteriza dedicada a adquirir propiedades de lujo en California, financiar desarrollos en México y manejar múltiples empresas con socios intercambiables, direcciones virtuales compartidas y nexos con compañías estadounidenses vinculadas a sus propios grupos en México. De no cumplir, advertían la apertura de un litigio.
Mientras Clare Locke calificaba de “falsas” las referencias periodísticas sobre los presuntos vínculos de Salgado Chávez con estructuras criminales, los reportajes de Los Ángeles Press acreditaron relaciones empresariales, una cercanía pública verificable y nexos societarios con personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.
Los oficios de imputación emitidos por la FGR corroboran la existencia de una red que también involucra el uso de recursos públicos para favorecer a medios de comunicación alineados con los intereses de Salgado Chávez y de sus operadores cercanos, Marco Antonio Moreno Santelices, alias Marco Santelices, y Ricardo Iván Carpio Sánchez. Entre los medios beneficiados figura el semanario Zeta, dirigido por Adela Navarro, cuya cobertura reciente —en particular las difamaciones contra el empresario Manuel Cisneros Romero— amplificó el riesgo para su hijo, Omar Cisneros, de 33 años, y contribuyó a un desenlace trágico. Tras la publicación, el padre de la víctima acudió a las instalaciones de Zeta para exigir a Navarro las pruebas que sustentaran las afirmaciones del semanario sobre su hijo; sin embargo, Navarro lo ignoró y posteriormente difundió de manera falsa ante organizaciones de periodistas que había sido objeto de amenazas.
En este entramado, Marco Santelices es parte de la red atribuida por el Tesoro estadounidense a Jesús González Lomelí, operador de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa; y por otro, al ecosistema de negocios y operadores cercanos a Fernando Salgado, señalado de vínculos al CJNG. Pese a pertenecer a grupos rivales, diversas fotografías reflejan vínculos sociales entre miembros de ambas estructuras.
El círculo cercano de Fernando Salgado
Entre las piezas centrales del esquema se encuentra Pedro Alejandro Montejo Peterson, empresario tijuanense y actual titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI). Montejo dirige un complejo corporativo con operaciones simultáneas en México y Estados Unidos, dedicado a giros tan diversos como construcción, confección de uniformes, manufactura de persianas e importaciones transfronterizas.
Aunque contar con empresas binacionales no constituye un delito, los documentos revisados por Los Ángeles Press muestran patrones que podrían configurarse como conflicto de interés, simulación empresarial y uso indebido de recursos públicos. Montejo es reconocido como una de las manos derechas de Fernando Salgado; la otra, Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana, recién imputado por lavado de dinero, junto con Salgado y Carlos Torres Torres, aún esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el hermano de Carlos, Luis Alfonso Torres Torres.
La opacidad surge desde el perfil profesional de Montejo. En su currículum oficial, asegura tener una licenciatura en Ingeniería Mecánica por el ITESM, pero no existe cédula profesional registrada a su nombre en los padrones de la Secretaría de Educación Pública ni en bases espejo como BuhoLegal.com. Pese a no acreditar legalmente su formación, dirige una dependencia con un presupuesto superior a 198 millones de pesos anuales, según el Presupuesto de Egresos 2025 del Ayuntamiento de Tijuana.
Las inconsistencias también alcanzan a sus empresas. En su currículo, según la Plataforma Nacional de Transparencia, afirma que Hemtack S.A. de C.V. opera desde 1994, pero registros públicos estatales sitúan su existencia apenas desde 2016, y su incorporación como proveedor estatal hasta 2021. No existe documento público que acredite la supuesta fundación en el siglo pasado.
Este patrón —omisiones, datos imposibles de verificar y contradicciones— podría constituir falsedad en documentos oficiales o faltas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Salgado Chávez y la red transfronteriza
La cercanía de Montejo con Salgado refuerza la hipótesis de un circuito financiero que combina empresas públicas y operaciones privadas bajo un mismo mando.
Una fuente confidencial de Los Ángeles Press, con acceso a información operativa y administrativa en Baja California, proporcionó datos que, de acuerdo con su testimonio, forman parte de dinámicas internas y acuerdos no públicos dentro del entorno político-empresarial asociado a Pedro Alejandro Montejo Peterson y su relación con Fernando Salgado Chávez. La información resulta relevante para comprender el alcance de la estructura examinada en este reportaje.
La fuente afirma que Montejo Peterson, en coordinación con el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, habría intervenido en la asignación de la Feria de Tijuana a la empresa La Familia Presenta, señalamiento que medios locales también han difundido. Según su testimonio, dicha empresa tendría vínculos con operadores cercanos a Fernando Salgado Chávez.
Respecto a las actividades empresariales, la fuente sostiene que Montejo reside parcialmente en Estados Unidos como inversionista. Los Ángeles Press ha documentado con evidencia su participación en estructuras financieras transfronterizas y manejo de flujos entre sus compañías y la shell company de Salgado, INTL Builders, las cuales servirían para respaldar financieramente a Hemtack S.A. de C.V. mediante operaciones de facturación entre México y Estados Unidos.
Asimismo, señala que Montejo mantiene APM Producciones —empresa con la que ha organizado conciertos en el Valle de Guadalupe— y que utilizaría su posición en SEDETI para facilitar gestiones ante el Consulado de Estados Unidos a empresarios cercanos a su círculo. Según la misma versión, esta capacidad de intermediación también favorecería a ciertos agentes aduanales en detrimento de otros.
La fuente menciona además que la fiscal estatal María Elena Andrade proporcionaría información sensible a Ricardo Iván Carpio Sánchez, colaborador de Salgado, para fines de control político y eliminación de adversarios. Este punto, por sus implicaciones, se presenta únicamente como parte del testimonio recibido.
Una de las empresas clave controladas por Montejo Peterson es PECOSA S.A. de C.V.. Su historial muestra una reincidencia sistemática en dependencias públicas, pese a los señalamientos por irregularidades:
- 2020: dos adjudicaciones millonarias —5.38 millones para reencarpetar Calle Cuarta y 5.07 millones en los fraccionamientos Nueva España y Sánchez Taboada.
- La Auditoría Superior del Estado observó pagos por trabajos no ejecutados, fianzas sin endoso y ausencia de planos.
- 2021: nuevo contrato del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) por 3.25 millones.
- 2025: contrato por 15.7 millones para pavimentar calles en La Mesa, Otay y Sánchez Taboada.
Las observaciones de la ASEBC siguen sin sanción. La continuidad en adjudicaciones, pese a incumplimientos, evidencia un mecanismo institucional de protección.
La red empresarial de Pedro Alejandro Montejo Peterson abarca compañías de manufactura, servicios corporativos, construcción, uniformes y comercio transfronterizo, entre ellas Hemtack, Comdecora, Stoli Uniforms, APM Producciones, Solmex y PECOSA, además de su vínculo operativo con Phase II en Estados Unidos. Varias de estas empresas comparten domicilios, socios, giros y contactos con la estructura vinculada a Fernando Salgado Chávez y su familia, lo que revela un entramado corporativo que funciona como un mismo bloque económico y logístico a ambos lados de la frontera.
Phase II Products Inc: la matriz californiana del circuito Hemtack
En Estados Unidos, la red se expande a través de Phase II Products Inc., registrada en San Diego como fabricante de persianas y sistemas automatizados. Según el registro estatal de julio de 2024, la empresa está encabezada por Theresa Davidson como CEO; por Lee Hunt como CFO —sigla que corresponde a Chief Financial Officer, directora financiera—; y por Marcos Chang como secretario, todos radicados en Texas y Nueva York, pero vinculados operativamente con las compañías mexicanas del mismo grupo.
La propia directora financiera, Lee Hunt, aparece además en los correos corporativos de Comdecora S.A. de C.V. y Stoli Uniforms, lo que confirma la interconexión binacional. A esto se suma que bases de datos de comercio exterior, como ImportGenius y Panjiva, acreditan que Phase II, Hemtack y Comdecora comparten proveedores asiáticos, así como direcciones y contactos, replicando el modelo de empresas espejo que caracteriza el esquema corporativo operado por Montejo Peterson.
Las LLC de Florida: sociedades espejo de reciente creación
El 20 de agosto de 2025, Montejo Peterson amplió su estructura corporativa a Florida mediante la creación simultánea de tres LLC: Aipaso Partners LLC, Aipaso Real Estate Restoration LLC y Windansea 360 Restore LLC. Todas fueron registradas con el mismo domicilio virtual —8200 NW 41st Street, Suite 315, Doral, FL 33166— y el mismo agente corporativo, Synergy Business Group LLC. Las consultas realizadas en Sunbiz.org y en el catastro de Miami-Dade muestran que estas compañías no poseen propiedades, carecen de número EIN federal, no reportan empleados y no presentan actividad comercial visible. El patrón —constitución simultánea, direcciones virtuales, ausencia total de activos y coincidencia temporal con la expansión presupuestal de SEDETI— corresponde al funcionamiento típico de sociedades espejo creadas para mover capital transfronterizo con escasa trazabilidad fiscal.
https://docs.google.com/gview?url=https://losangelespress.org/core/lapress/assets/pdfs/2025/11/19/sinergy-business-group-MVVyTkl5V.pdf&embedded=true
G-Global: la pieza logística del circuito
Un eslabón clave en la estructura de Montejo y relacionada con Salgado es G-Global, una firma de cross-border logistics y customs broker heredera de la histórica Gutierrez Agency, fundada en 1918. Hoy opera como agencia aduanal binacional especializada en logística 3PL, programas IMMEX y gestión de cruces fronterizos. Aunque no existen registros públicos que acrediten a Pedro Montejo Peterson directamente como socio, su operación encaja de manera precisa con las necesidades logísticas de las empresas que integran el circuito corporativo: Hemtack, Comdecora y Stoli Uniforms, además de Phase II Products Inc. en Estados Unidos.
Comdecora S.A. de C.V. y Stoli Uniforms forman parte del brazo manufacturero del grupo. Comdecora se dedica a la confección y empaquetado de textiles —incluyendo líneas de uniformes y productos de tela para exportación— mientras que Stoli Uniforms opera como una firma especializada en uniformes industriales y corporativos con rutas de envío hacia Estados Unidos. En ambas compañías aparece la misma directora financiera de Phase II, Lee Hunt, lo que confirma una interconexión operativa que une manufactura mexicana, logística fronteriza y distribución estadounidense bajo una misma estructura.
De acuerdo con fuentes confidenciales consultadas por Los Ángeles Press:
“Desde Ensenada ya es oficial lo que empleados de Hemtack sabían que utilizaban esta empresa para el cruce de droga, apoyados por G-Global, propiedad de Fidel Gutiérrez Cetto, nieto del Sr. Luis Cetto. Como referencia de esta relación, tanto Pedro Montejo como Fernando Salgado hacen sus cumpleaños y eventos en L.A. Cetto. Del lado americano, RL Jones, la agencia de Acosta, apoya en la gestión.”
Si estas afirmaciones se confirman, G-Global sería el puente aduanal del circuito transfronterizo de las Californias, al facilitar la entrada y salida de mercancías —legales e ilícitas— mediante una red binacional donde manufactura, logística y empresas espejo operan de forma coordinada en ambos lados de la frontera.
Esta articulación avanzó por la protección institucional que ha respondido a una decisión política de larga trayectoria. En conjunto, las empresas de Montejo Peterson y Fernando Salgado Chávez revelan un mismo patrón —contratos públicos, sociedades espejo, expansión binacional sin plena actividad comprobable y medios financiados para proteger sus intereses— y, con los oficios de imputación de la FGR ya integrados a la investigación federal, todo apunta a un esquema de recursos públicos desviados hacia estructuras privadas presentadas como comercio exterior.
