· El dictamen fue aprobado por unanimidad, con 33 votos a favor
Por unanimidad, con 33 votos a favor, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron con modificaciones el proyecto de decreto que envió la Cámara de Diputados para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Los senadores hicieron cambios a la minuta de la colegisladora para, entre otros puntos, incrementar a 15 años la pena mínima de prisión por este delito y un máximo de 25 años.
La minuta proponía establecer en la ley una sanción mínima de seis años y una máxima de 15 años; no obstante, los órganos legislativos que encabezan los senadores Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez coincidieron en que esas penalidades beneficiarían a quienes actualmente cumplen penas por el delito de extorsión.
El documento precisa que las modificaciones a la minuta sólo se hicieron al primer artículo del decreto, es decir, a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en donde se incluye el mencionado incremento a las sanciones carcelarias.
Las comisiones también incluyeron en el texto de la norma que las autoridades encargadas de aplicarla deberán actuar con pleno respeto a los derechos humanos, disposición que no se encontraba en la minuta de la colegisladora.
Precisaron que las fiscalías del ámbito federal y local contarán con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión, para investigar las conductas relativas a ese delito; una disposición transitoria estipula que las unidades contra el secuestro de las fiscalías se encargarán de esos asuntos en tanto se crean las respectivas al combate a la extorsión.
Además, se aclararon los incrementos adicionales a las penas para determinados casos y personas que incurran en extorsión: a servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten los medios o permitan las condiciones para la comisión de esos delitos se les aplicará la pena de quince a veinticinco años de prisión mencionada, más tres a cinco años adicionales.
De esta manera, el dictamen plantea que se aplicará pena de 10 a 20 años de cárcel a los servidores públicos con atribuciones de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como de procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público los delitos de extorsión.
Además, impone una pena de seis a 12 años de prisión a quienes introduzcan sin autorización en centros de readaptación, penitenciarías o centros de internamiento para menores, algún dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga.
Otra adición de las comisiones unidas, precisa que los recursos económicos obtenidos de los procedimientos de abandono, decomiso o extinción de dominio derivados de delitos de extorsión serán preferentemente aplicados para la restitución de los derechos de las víctimas del ilícito.
Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados como “excepcional”, al presentar una minuta que responde a las exigencias nacionales, ante una conducta que, “de aprobarse la ley, será delictiva, pero que al día de hoy es deleznable”.
El legislador dijo que en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado recibieron diversas observaciones y comentarios que motivaron a realizar una revisión exhaustiva, lo que derivó en diversos cambios a 15 artículos y una adición a un artículo transitorio.
En ese sentido, Corral Jurado destacó la labor del grupo de trabajo “muy eficaz y propositivo”, conformado con representantes de áreas directamente vinculadas con la materia en el ámbito federal, encabezado por personal de la Consejería Jurídica de la Presidencia, de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República.
Al explicar algunos de los cambios más relevantes a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, mencionó que se realizaron adecuaciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de las personas involucradas en las conductas, reiterando la obligación de todas las autoridades de promoverlos, respetarlos y garantizarlos.
De Morena, la senadora Nora Ruvalcaba Gámez subrayó que esta ley no es sólo una reforma penal, sino una herramienta de pacificación, de reconstrucción del tejido social y de fortalecimiento institucional. Resaltó que una de las principales aportaciones será la homologación del tipo penal de extorsión en todo el país.
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, adelantó el voto a favor de su Grupo Parlamentario; no obstante, dijo, el gran reto será aplicar la ley, ya que es la única manera en la que servirá como disuasivo del grave delito de extorsión, y que no quede solo como un catálogo de buenas intenciones.
Carolina Viggiano Austria, del PRI, consideró que la ley general de extorsión necesita un tipo penal federal moderno que sirva de parámetro a los estados; unificarlo, dijo, permitirá investigaciones uniformes en todo el país; sugirió que haya presupuesto real para las entidades, ya que “sin más recursos para policías, fiscalías y tribunales locales, la ley será letra muerta”.
Por el PVEM, Luis Alfonso Silva Romo consideró que la reforma representa una de las acciones más necesarias para dotar de las herramientas jurídicas a las instituciones de seguridad pública para combatir de forma eficaz la incidencia delictiva.
Lizeth Sánchez García, del PT, lamentó que las llamadas de extorsión y amenaza paralicen a familias y comercios, por lo que este delito se ha vuelto una herida para comunidades enteras; “estamos aquí para acompañar a quienes han guardado silencio y proteger a quienes han cargado temores que nunca debieron cargar”, agregó.
Por MC, Alejandra Barrales Magdaleno, confió en que las adecuaciones a la minuta ayudarán a combatir el que ha sido catalogado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como el tercer delito que más padecieron los mexicanos en 2024, y que no es denunciado hasta en un 97 por ciento de los casos.
El proyecto de decreto también modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Una vez aprobado por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente.
