Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, escuchamos testimonios de la orfandad en la que México se encuentra frente al poder del narco.
Guadalupe Mendoza afirmó este martes que la forma de trabajar de Carlos Manzo “despertó en organizaciones criminales, en políticos y adversarios, celos y envidia” por su popularidad.
La diputada de La Sombreriza dijo que el líder de ese movimiento avanzaba hacia la gubernatura de Michoacán, lo cual implicaría “la pérdida del poder” de “los intereses oscuros” que afectó.
Germán Martínez (PAN) propuso el miércoles crear una comisión que dé seguimiento a la violencia de la delincuencia organizada contra servidores públicos, solicitando apoyo a Estados Unidos para obtener información de Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Ismael Zambada y Servando Gómez Martínez.
Argumentó el panista que, ante los 658 homicidios documentados (de 2018 a la fecha) de policías, soldados, marinos, jueces, magistrados, fiscales y alcaldes, “identificar patrones, fallas estructurales, lagunas legales en las estrategias de seguridad debe ser tarea de todos”.
El diputado Gibran Ramírez (MC) respaldó la iniciativa afirmando que, más que nunca, “es pertinente indagar la política mafiosa que queda exhibida ya a nivel de gobernadores y de magnicidios, con motivaciones político-criminales y que se volvió sistemática”.
Son señalamientos que nos llevan a cuestionar si el Estado está afrontado a la narcopolítica, entendida como complicidad de autoridades y funcionarios con el crimen organizado.
¿Contamos con leyes para enfrentarla?, preguntamos a tres diputados que destacan por sus diagnósticos, propuestas y seguimiento de situaciones críticas. Van sus respuestas en orden alfabético.
Federico Döring Casar, vicecoordinador de la bancada del PAN y quien mayor seguimiento ha dado a los expedientes del huachicol:
“Sí, contamos con leyes para enfrentarlo, pero no actualizadas y, además, mal enfocadas, porque miran sobre todo a los particulares y muy poco a los funcionarios públicos. Basta ver las detenciones y sentencias en esa materia”.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Partido del Trabajo y subsecretario federal de Seguridad en el sexenio anterior:
“México tiene un marco jurídico robusto para enfrentar a la delincuencia organizada. Trátese de quién se trate. Está la ley federal contra la delincuencia organizada; la ley contra el lavado de dinero y mecanismos de inteligencia que pueden desentrañar vínculos criminales de servidores públicos o políticos; y está la ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión.
“Hay herramientas jurídicas para poder combatir la colusión o la complicidad de políticos o malos servidores públicos con delincuentes, con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico o a diferentes actividades ilícitas”.
Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI y exgobernador en Coahuila, donde diseñó un modelo de seguridad considerado exitoso:
“No tenemos un buen andamiaje legal para evitar que se mezclen los políticos con los delincuentes. En el Código Penal hay tipos para castigar la participación de funcionarios en el crimen organizado o sus actividades desleales. Pero no hay una legislación para evitarlo ni reglas que estén revisando su patrimonio, actuación y las políticas públicas que emprenden. Lo que tenemos es muy deficiente y lo es también para proteger a los alcaldes, en desventaja frente a los grandes criminales”.
Preguntamos también: ¿Se está enfrentando actualmente a la narcopolítica en México?
Federico Döring: “A cuentagotas y, como sacrificio azteca, se entregan piezas a Trump que no militen en Morena, a cambio de salvar al T-MEC. A los militantes de Morena los cubre el fuero de La Chingada”.
Ricardo Mejía: “Sí se está enfrentando. El tema es tener los elementos probatorios suficientes para articular carpetas de investigación sólidas; material de Inteligencia, que se pueda operar y, por otro lado, juicios que puedan derivar en sentencias condenatorias ejemplares contra narco políticos. Pasar de una etiqueta o de un calificativo a causas penales sólidas, ése es el reto”.
Rubén Moreira: “No se está enfrentando y debe hacerse desde varios frentes: el tema electoral, porque la intervención del crimen organizado está demostrada. Veamos la sentencia de Michoacán; se tiene que fortalecer a los municipios para que eviten la extorsión de los criminales y necesitamos contrapesos y evaluación. Es verdad sabida que buena parte de municipios están dominados por criminales en las licitaciones y no dicen nada las contralorías ni las auditorías. Y los sistemas de inteligencia, como la UIF, deben regular esfuerzos para evitar que los alcaldes sean contaminados por el narcotráfico”.
Éste es el reto. Lo demás es humo, palabrería, distractores con los que perdemos tiempo… y vidas.
